LA CRIMINAL INDUSTRIA DEL MALTRATO

Apenas sin pretenderlo, han pasado ya un buen puñado de años desde que hice mis primeras alusiones a la INDUSTRIA DEL MALTRATO, en aquellos escritos críticos que intitulé bajo el epígrafe de “comentario editorial de la asociación papahuelva”, cuando aún no había adquirido formalidad jurídica el instituto de la CUSTODIA COMPARTIDA. He vivido el nacimiento, crecimiento y esplendor de ésta criminal industria; la hemos sufrido por igual tanto mi hija como yo; decenas de miles de padres e hijos han sido idénticas víctimas de esta encanallada forma de ganar dinero y hacer política barriobajera, todo para conseguir un fin aún inconfesado: ganar el voto de sectores proclives al exterminio del estatus social que siempre representó el buen padre de familia.

Los criterios actuacionales de “un buen padre de familia” no son exclusivos de quien goza de la posición biológica de padre, sino que se extiende hacia toda aquella forma de actuar que se sustenta en los principios de la buena fe, el sentido de la responsabilidad en la protección de los dependientes, el altruismo como filosofía de vida cuando se trata de intervenir en los bienes patrimoniales de los hijos, la sensatez como paradigma del sentido común aplicable a la unidad familiar, y como no, el criterio de un “buen padre de familia” siempre se acopló perfectamente al sentido de la protección integral de la unidad familiar, compuesta no sólo por los miembros más próximos, sino también de los denominados como “familia extensa”.

El esplendor del feminismo más radical, envalentonado al socaire del actual gobierno socialista, se marcó desde un principio el objetivo de erradicar esta noción jurídica, “el buen padre de familia”, acepción que por otra parte es aplicable tanto al padre, la madre, los abuelos, hermanos y administradores en general, ya lo sean de bienes familiares o de recursos ajenos. Administrar bienes, intervenir en negocios propios y ajenos, siguiendo los criterios actuacionales de “un buen padre de familia”, significa, sencilla y llanamente, actuar conforme a los principios antes aludidos, todos ellos subordinados a la lógica del contexto en el que se han de llevar a cabo.

Para el feminismo radicalizado surgido de las faldas contaminadas del zapaterismo más desafiante, “el padre de familia” no era más que un residuo feudal, reflejo vivo de una cultura patriarcal, que había de erradicarse, no porque su subsistencia fuera nociva para la sociedad, que nunca lo fue, sino porque debería ser reemplazada por el nuevo poder emergente representado por la mujer “igualada”, capaz de tomar la vez de aquellos “padres de familia” al que los civilistas de todo el mundo le reconocieron su naturaleza de fuente de derecho. Para conseguir en brevísimo plazo de tiempo la sustitución de aquella figura jurídica, social y referente familiar, no tuvieron mejor ocurrencia las feministas zapateristas (aún disfrutan de su estado de esplendor), que tildar al “buen padre” como SUJETO MALVADO, y a sus obras como efecto consecuente del origen pernicioso que le habría de caracterizar para lo sucesivo.

Para aniquilar al “buen padre” auspiciaron y consiguieron la promulgación de la las leyes de género actualmente en vigor, tanto en los órdenes penal (el hombre es un maltratador por su propia condición de hombre), como en el orden civil (aplicación estratégica de unos principios de igualdad, que solo son aplicables ante la disparidad masculina, pero no cuando el desequilibrio es de esencia femenina). De la conjunción astuta de ambos tipos de normas, surgió la ingente necesidad de crear todo un entramado de instituciones, unas reales y otras fantasmas, ambas de nula utilidad social, para remediar el problema que decían habrían de solucionar, ya que el verdadero fin pretendido era, indiscutiblemente, la sustitución funcional de la figura familiar del padre. En lo político, se pretendió y consiguió el aprovechamiento de una creencia demagógica según la cual todos los hombres son iguales de violentos en el ejercicio de su función como “padres de familia”.

Aquí está la justificación fáctica de toda la criminal industria del maltrato. Ambas necesidades de erradicación e implantación de una nueva filosofía parental, hizo necesario el entramado de instituciones públicas, privadas y mixtas que actualmente se identifican perfectamente con la concepción social de la INDUSTRIASL DEL MALTRATO. Esta criminal industria ha sido muy efectiva, además de rentabilísima, para sus promotores y promotoras, y de su eficacia operativa da cuenta la marginación social y familiar que actualmente padece el hombre en su dimensión de padre. En el aspecto político, segunda parte de los intereses pretendidos por la “industria”, se han granjeado la adhesión transitoria de miles de mujeres que nubladas por la percepción de ventajas mercantilistas vinculadas al goce de privilegios sociales, profesionales, familiares, etc., casi siempre inmerecidas, se entregaron en los brazos de las custodias de urnas plebiscitarias teñidas del zapaterismo triunfante.

Los nuevos tiempos soplan cambios radicales, y una vuelta a la sensatez. Esta criminal industria del maltrato tiene sus días contados, para escarnio de sus vividoras usufructuarias, no por demérito de ellas, que han demostrado ser más inteligentes que los grupos sociales masculinos, sino por exigencias de la eficiencia de los recursos públicos. Se acaba el chollo. Se acaba el sistema subvencionado que la mantiene, y se evapora toda la estructura que la sustenta. Esta es la mayor prueba de cargo contra la misma industria, prueba de su innecesaridad, de su criminalidad, de su transitoriedad y de su condición mafiosa en el ejercicio de su poder político, supeditado a las fanfarronadas y extravagancias del zapaterismo reinante. Las vividoras de este sistema, deberán ser enjuiciadas en un futuro próximo, por el daño moral causado a sus víctimas, de las que han podido enriquecerse de forma descarada y descarnada. Con el declive moral del zapaterismo, ha quedado desacreditado socialmente esta particular forma de ejercer un servicio tan escasamente público como es valerse de la denuncia falsa y la falsa argumentación jurídica para hacer efectivo el principal objetivo propuesto: la erradicación social y familiar del BUEN PADRE DE FAMILIA.

Mariano Orta.