EL DESCRÉDITO DE LA JUSTICIA RADICA EN LA IMPUNIDAD.
Los titulares de prensa más llamativos de estos dias, giran en el entorno de la TRAMA GURTEL y la posibilidad de que el Juez Instructor BALTASAR GARZON se siente en el banquillo de los acusados por sus presuntas y continuadas maldades actuacionales acometidas en los procesos que le tocaron en turno: memoria histórica; escuchas indebidas de los imputados de la GURTEL con sus abogados, en el interior de la cárcel;etc. etc. Lo más llamativo de estos hechos noticiosos no son la imputación de aquellos individuos que presuntamente se enriquecieron a las faldas del PARTIDO POPULAR, sino que sea el Tribunal Supremo quien aún en contra de la opimnión del Ministerio Fiscal, haya decidido abrir juicio oral al Sr. BALTASAR GARZON.
Desde mi opunto de vista, la fuerza de lo noticiable tiene una lógica social que debería sustentarse en lo cotidiano, y no en lo excepcional. No debería ser excepcional que un juez sea enjuiciado, sino todo lo contrario, deberían serlo con la misma facilidad (y si cabe, más aún) que son impelidos a sentarse en el banquillo de los acusados los responsables politicos de todas las tendencias. Lo que sucede es que según el saber y entender de los guardianes del Estado de Derecho, los jueces no atentan contra las reglas de la convivencia, mientras por el contrario, los responsables políticos sí lo hacen, y aunque no se ha de generalizar, tampoco se puede descartar su elevada cantidad de falsificadores de documentos, autores de cohechos, enriquecimientos ilícitos, apropiaciones indebidas, tráficos de influencias, etc. etc. En respuesta a esta persecución de la clase política, deberíamos concienciarnos de que desde el estrado de una Sala de Vistas, durante la celebración de un juicio, o bien mediante el dictado de una resolución, se puede hacer infinitamente más daño a la ciudadanía que apropiándose injustificadamente de las cantidades cienmileuriles que se conocen a diario por parte de responsables políticos determinados.
No es imputable como delito, en función de la actuación del juez, impedir que una de las partes pueda interrogar a la contraria para esclarecer los hechos objeto de la causa enjuiciada (ya sea civil, penal o administrativa), y con esta represión al interrogante, a veces llevada cabo de forma brutal, se podría acusar al juez de ser un perfecto encubridor del causante, pero de contrario se esgrime que dicha represión anti-esclarecedora de los hechos, conforman la denominada "capacidad discricional del juzgador". Tampoco es delito, imputable al juez, aquellas medidas cautelares desproporcionadas cuando se adoptan contra ciudadanos posteriormente declarados inocentes o cuasi inocentes, debiendo soportar éste, el inocente, todo el daño moral implícito al descrédito social causado por unas presunciones de culpabilidad que carecían de fundamento. Tampoco es tipificado como actuación delictiva, la negativa recalcitrante del Juez a admitir pruebas de diverso tipo durante el acto del juicio, e incluso lo que es más leonino, impedir que se puedan obtener durante el curso del proceso, muy a pesar de su importancia para la búsqueda de la verdad.
Y en estos términos, podríamos abocar los razonamientos hasta concluir flagrantes violaciones de derechos humanos por parte de quienes están dotados de poder para enjuiciar a los demás; encarnizadas persecuciones por razones de índole personal inconfesable; manifestaciones de odio pasional al justiciable sin ningún tipo de sustento razonable... y todo ello en nombre de la siempre socorrida noción del término JUSTICIA. La ley, en principio, es igual para todos, pero esta afirmación no es más que una declaración de voluntad teórica, no una evidencia práctica, constatada por los hechos. Una misma acción, realizada por un afín a la judicatura o la fiscalía, queda totalmente exenta de responsabilidad. Si por el contrario, la lleva a cabo un ciudadano exento de las prebendas de las puñetas, aquella actuación le podría suponer la pérdida de su patrimonio , e incluso lo que es aún peor, varios años de privación de libertad. Que se enjuicie al Juez BALTASAR GARZON, es un simple indicio de que en el seno de la judicatura, también se infringe la ley. Lo lamentable, lo triste, es que centenares de jueces están llevandio a cabo, a diario, infracciones de la misma antijuridicidad que la del Juez Garzón, y gozan, por el contrario, de la más infame IMPUNIDAD. Esta es tal vez la más poderosa razón del actual descrédito social que padece la Administración de Justicia.
En Huelva, a nueve de abril del dos mil diez.
