COMPARTIDA
"papahuelva"
Desde Marbella, en día de Nochebuena, a 24 de Diciembre de 2.007
CARMEN FERNANDEZ: ANTES MUERTA QUE INDEMNIZADA
Hace un par de días, en nuestro foro "padresdehuelva"
recibimos la triste noticia del fallecimiento de Carmen Fernandez, la
"madre coraje" de Ivan y Sara, criaturas que desde la edad de 4 y 6
años les fueron retirada la convivencia con su madre para pasar a ser
preadoptados por una familia de Dos Hermanas (Sevilla). Diez años
después de la adopción de aquellas medidas, dictadas por los
Servicios de Atención al Niño de la Junta de Andalucía, y de
conformidad con el Juzgado de Familia número 7 de Sevilla (
Juez Titular D. Francisco Serrano), un cáncer de pulmón ha sido el
causante del fin de esta injusta historia, en al que un abogado
ejemplar (Gabriel Velamazán ) ha sido capaz de desmantelar las
múltiples irregularidades procedimentales a las que están sometidos
los hijos menores de familias en crisis, ya sea por separación
matrimonial, por disfunciones de uno de los progenitores, u otros
motivos en los que se ponga en evidencia la necesaria intervención de
los servicios públicos creados al efecto.
En síntesis, la Junta de Andalucía le retira a Carmen
Fernández la guarda y custodia de sus dos hijos, por ser calificada
como "alcohólica", cuya adicción le impide "atender responsablemente
a sus hijos" y a cuyos efectos, en interés de los menores, la Junta
acuerda declararlos en situación de desamparo. Tras un tiempo en
Centro de Acogida, la Administración Autonómica decide entregárselos
a una familia en régimen de pre-adopción, figura de similar alcance a
la de simple acogida familiar. Carmen Fernández abandona su
alcoholismo al poco tiempo de verse privada de sus hijos; es entonces
cuando se inicia una batalla legal que, a día de hoy, aún no ha
concluido, aunque la muerte de Carmen pone punto y final a las
esperanzas fundadas de ser beneficiaria directa de la indemnización
que la Audiencia Provincial de Sevilla le reconoció en su Auto de
fecha 30/12/2.005, Civil, Sección 6ª.
Con la muerte de ésta gran madre, una vez más, quedan al
descubierto las enormes distancias innegables entre la concepción de
la Justicia como valor constitucional subsistente en los Juzgados de
Familia, y la realidad socio-familiar que deben regular diariamente.
Pero a nuestro entender, la muerte de Carmen Fernández no debe quedar
en la anécdota de una noticia de obituarios, sino que han de
cumplirse sus últimas voluntades, manifestadas hace unos meses cuando
recibió los únicos 210.00 euros que le "limosnearon a cuenta" del 1,7
millones acordados por la A. P. de Sevilla: " … ojalá nadie más pase
por un calvario como el mío ….".
El Auto de la A.P. de Sevilla dejó patente que a ésta
madre le asistía el derecho a recibir una indemnización por el daño
moral causado, materializado mediante el cruel alejamiento de sus
hijos al que estuvo sometida, muy a pesar de que fue destinataria de
una decena de resoluciones judiciales favorables a su reencuentro
familiar. A sus hijos se les inculcó la idea de que su madre "había
muerto de cáncer", así lo manifestaron ellos mismos, hace años, en
una de las exploraciones judiciales realizadas, lo cual demuestra la
voluntad maliciosa de la familia de acogida, a la sazón GUARDADORES
CUSTODIOS de las criaturas. De aquellos alejamientos legales en los
inicios del proceso, surgieron distanciamientos afectivos posteriores,
consistentes estas actitudes de los menores en una evidente
contaminación apreciativa de lo que para ellos siempre debió
significar su madre como sujeto progenitor; no obstante, el titular
del Juzgado de Familia Nº 7 de Sevilla, D. Francisco Serrano, dio
lugar mediante sus acciones y omisiones a que esta madre, a raíz de
los sufrimientos a que se le impelió a padecer, mucho más allá de los
inevitables o innecesarios, se le diagnosticara una enfermedad cuya
evolución posterior ha desembocado en su muerte.
La Audiencia Provincial de Sevilla, toma en
consideración las anomalías e irregularidades detectadas en la forma
de administrar justicia de aquel Juez de Familia; asimismo, se sitúa
en las fases previas y actuaciones colaterales de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y decide en el Auto antes
citado que Carmen Fernández debe ser indemnizada con la cifra de 1,7
millones de euros, por daños morales sufridos, teniendo como causa de
su justificación indemnizatoria las actuaciones de ambas
administraciones y como efecto de las mismas, su "calvario procesal"
y de su resultado la pérdida afectiva de sus hijos y la penosa
enfermedad padecida.
Aclaremos igualmente que el entonces Consejero de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía era el político onubense
Isaías Pérez Saldaña, sujeto de especial habilidad para "escurrir el
bulto" en sus responsabilidades públicas. Ambos funcionarios, Pérez
Saldaña y Francisco Serrano, han sido los más ciertos y directos
autores de la causación del sufrimiento padecido por Carmen Fernández,
con resultado final de muerte. Esta afirmación, la mantenemos a raíz
de la lectura del Auto de la A. P. de Sevilla, y lo explicita en la
certeza que, de no haber existido aquellos daños morales, la
indemnización otorgada a Carmen Fernández carecería de resolución
acreditativa de su merecimiento. Aclaremos que la cantidad asignada
como indemnización, establecida por la A. P. de Sevilla, ha sido
impugnada por el Juez Serrano, con el apoyo de la fiscalía que dice
representar los intereses del menor en el proceso, en recurso ante el
Tribunal Constitucional, a iniciativa de la Junta de Andalucía,
entendiendo ambos (Juez, Fiscal y Consejería ) que aquella madre no
se merece ser compensada con estas cifras, muy a pesar de ser autores
directos e inmediatos conocedores del daño causado a tan infortunada
buena mujer y madre. De esta guisa, la indemnización otorgada a
Carmen Fernandez, de recibirla en su caso y en su día, nunca será
disfrutada por la hoy difunta. Antes la dejaron morir, que permitirle
disfrutar (al menos en lo económico) de unas cantidades que le habría
permitido, entre otros menesteres, haber atravesado el trayecto de su
agonía vital con una mayor dignidad.
Y después de estas tétricas experiencias, concluimos,
¿¿¿¿¿ qué puede esperar el pueblo andaluz ( sometido a la tutela
judicial de Francisco Serrano, la legal de la fiscalía y política de
Perez Saldaña) , de ambos reputados administradores de derechos
ajenos????? . Después de haber dejado morir a Carmen Fernández en la
práctica indigencia de sus derechos fundamentales, y poniéndose de
manifiesto que estas actuaciones están a la orden del día en todos
los Juzgados y Consejerías de España, cabe preguntarse : ¿¿¿¿ HASTA
CUANDO ESTOS U OTROS SUJETOS DE ANÁLOGO PROCEDER seguirán quedando
IMPUNES de semejantes actuaciones criminales ????? . Asimismo, hemos
de preguntarnos: ¿¿¿¿¿¿ Cuántos padres y madres han de morir,
forzados por los sufrimientos provocados, para que de una vez por
todas se reconozca "de facto" y se le otorgue validez operativa a la
figura jurídica del MALTRATO INSTITUCIONAL ?????. Asimismo, nos
preguntamos: ¿¿¿¿¿ Será suficiente la muerte de Carmen Fernandez para
que tanto a Isaías Pérez Saldaña como al Juez Francisco Serrano y al
fiscal en autos se les pueda exigir, a ellos personalmente,
responsabilidades civiles y penales por sus diversas actuaciones en
los hechos reconocidos por la Audiencia Provincial de Sevilla, y cuya
materialización indiciariamente dolosa ha sido llevada a efecto por
los citados "administradores"de derechos ciudadanos ???? . Después de
la muerte de Carmen Fernández, evidenciada como innegable
consecuencia de haber sido ilícitamente sometida a sufrimientos
innecesarios, de dimensión inhumana …. ¿¿¿¿¿ se desarrollará la
pertinente doctrina jurisprudencial en virtud de la cual, todo juez o
funcionario público, de cualquier nivel, que por acción u omisión
acuerde alejar a los hijos de uno de sus progenitores, atentando de
este modo contra la integridad moral del progenitor, deberá responder
del daño moral causado al progenitor afectado por aquella medida una
vez conocidos sus efectos perversos, tanto en el equilibrio psíquico
de los hijos como en el del progenitor afectado ???? .
Por lo que respecta a la innata vocación para
atender intereses generales inherentes a la Asociación "papahuelva",
nos reservamos las acciones civiles y penales que en su día se les
pudieran exigir a los funcionarios antes citados, el ex Consejero D.
Isaías Pérez Saldaña y el Juez titular del Juzgado de Familia Número
7 de Sevilla D. Francisco Serrano, junto al fiscal en autos; y estas
previsibles futuras acciones las emprenderíamos bajo la premisa de
que los derechos fundamentales de la infancia son de naturaleza
pública, al igual que público es el derecho a la salud física y
psíquica del progenitor impedido de relacionarse con su hijo.
Lo que nunca la sociedad debe consentir es que
aún dependiendo de las circunstancias excepcionales que la casuística
quiera reservar para justificar aquellos alejamientos, aún cuando
sean de hecho mediatizados por una omisión administrativa dolosa o
negligente, es que la impunidad del responsable sea utilizada como
moneda de curso legal, amparada su aplicación en la aparente solidez
de una resolución judicial, recurrible, pretendidamente argumentada
en el interés superior del niño. Estas futuras acciones judiciales,
que como decimos "nos reservamos emprender en el momento oportuno",
podrían constituir el inicio de una nueva forma de reclamar JUSTICIA
a aquellos órganos judiciales y administrativos que teniendo asumidas
competencias en materia de infancia y familia, acostumbran a obviar
(maliciosamente) que los vínculos de sangre paterno-filiales no
deben nunca ser obstruidos en su manifestación afectiva, emocional,
educativa, de realización personal y social, pues de proceder de este
modo, como ha sido la triste experiencia sufrida por Carmen Fernández,
lo que se consigue es lo que los hechos relatados nos demuestran:
destrozar vidas jóvenes y maduras, de padres e hijos, abuelos y
nietos, tíos y sobrinos, rupturas entre familias extensas…. y no creo
que haya nadie que conservando su recto sentido haya de comulgar con
que el Derecho ha sido creado por la sociedad para proteger el abuso,
o que los Tribunales de Justicia se han constituido primordialmente
para proteger la impunidad de sus componentes, ni que la función
pública sólo deba ser perseguida judicialmente cuando se incurre en
el denominado "delito urbanístico", quedando relegados los derechos
de la persona en su dimensión de miembros de una familia a una mera
referencia testimonial, de solo valor orientativo, pero nunca de
trascendental acatamiento obligatorio por quienes tienen la
responsabilidad de aplicarlo, de ahí su inaceptable impunidad
actuacional.
Descanse en paz Carmen Fernandez, "madre coraje" por
cuyo eterno descanso pido una sentida oración. A sus hijos, Ivan y
Sara, les ofrezco mi fraternidad cristiana por la gran pérdida a la
que el destino los ha llevado en estos momentos de final de año.
Cordialmente:
Mariano Orta.
NOTA ACLARATORIA: La Asociación "papahuelva" nuna perteneció, ni
pertenece, a ninguno de esos recientes inventos que bajo la
denominación de Federación…, Confederación…., Plataformas y otros
apelativos, se autoatribuyen la representación institucional del
movimiento de padres por la CUSTODIA COMPARTIDA. La Asociación
"papahuelva" es plenamente independiente, y solo proclama representar
la voluntad ideológica de sus simpatizantes y afines.
11-06-2005
Declaración Universal de los Derechos del Niño, Hijo de Padres
Separados o Divorciados
11-06-2005 Huelva
ASOCIACION POR LA CUSTODIA COMPARTIDA
www.PapaHuelva.org
Avda. Italia, 79 - 1º
21003 Huelva
Móvil 606.06.68.74
"Declaración del Ateneo de Madrid"
Declaración Universal de los Derechos del Niño, Hijo de Padres
Separados o Divorciados
Ateneo de Madrid, 11 de junio del 2.005
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es de común aceptación, que la víctima más propiciatoria
de toda separación matrimonial es, indefectiblemente, LOS HIJOS
MENORES DE EDAD, por ser ciudadanos carentes de autonomía para la
defensa de sus derechos y estar físicamente limitados para la
protección de sus más legítimos intereses.
Los menores HIJOS DE PADRES SEPARADOS conforman un
sector de la población cada vez más numeroso, en función del
progresivo índice de crecimiento de las rupturas familiares.
Ante esta realidad social, es un deber colectivo preocuparnos muy
especialmente de este segmento de la infancia, ya que de sus
singularidades específicas se derivan unas consecuencias que, de no
ser tenidas en cuenta en el momento oportuno, derivarían en
trastornos conductuales de efectos irreversibles, y a su vez
perniciosos, durante la vida adulta del hoy menor de edad.
La presente DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO, HIJO DE PADRES SEPARADOS, obligarán a su cumplimiento,
protección y observancia a todas aquellas personas que guarden algún
tipo de vínculo relacional con el menor, ya sean familiares directos
en sus distintos grados o profesionales de la sanidad, el derecho, la
educación o la formación social y humanista.
Cualquier persona que mantenga algún tipo de relación con
un niño, debe sentirse moral y legalmente obligada al respeto y
acatamiento de la DECLARACION UNIVERSAL que, tras prolongadas
deliberaciones, suscribimos los abajo firmantes. Quienes suscribimos
ésta DECLARACION, asumimos el compromiso público de respetarla,
divulgarla y hacerla respetar por parte de todas aquellas personas
que tengan a su cargo EL DEBER DE PROTECCION de los derechos e
intereses de un niño, especialmente si éste es hijo de PADRES
SEPARADOS.
Por todo lo anteriormente expuesto, los padres, madres,
abuelos, parientes y allegados, profesionales, estudiosos e
investigadores de la realidad social de la infancia,
reunidos en el Ateneo de Madrid con motivo del
PRIMER SIMPOSIUM SOBRE EL CRIMEN JUDICIAL CONTRA LA INFANCIA,
manifestamos expresamente nuestra total y unánime aprobación de los
siguientes principios,
que habrán de interpretarse como criterios inspiradores en toda
actuación pública o privada que tenga por destinatario a un niño,
hijo de padres separados o divorciados.
En su virtud, los presentes suscribimos por unanimidad, en
votación realizada a brazo alzado y con pleno conocimiento del
contenido y alcance de dicha DECLARACION UNIVERSAL, que un niño
inmerso en conflicto familiar debe disfrutar siempre, en todos los
casos y sin distinción de sexo, raza, credo, lugar de residencia y
cualquier otro condicionante de su origen familiar o social, de los
siguientes derechos:
PRIMERO
Todo niño tiene derecho a la asistencia sanitaria física y
psíquica inmediata, desde el mismo momento de la separación familiar
de sus padres, y al objeto de determinar científicamente cuales son
sus necesidades asistenciales diarias, en el orden alimenticio,
educacional, sanitario, habitacional, relacional y social que sus
especiales circunstancias socio-familiares determinen.
SEGUNDO
Todo niño, al momento de la separación matrimonial de sus
padres, debe disponer de abogado de oficio que le represente en sus
singulares, personales y especiales derechos e intereses, durante
todos los procesos (civiles y penales) a que den lugar la separación
contenciosa de sus progenitores.
Esta asistencia jurídica personal, estará legitimada por
gozar el niño de la consideración de sujeto de derechos y por ser sus
intereses, frecuentemente, distintos y contrarios a quienes ejercen
su guardia y custodia.
TERCERO
Las funciones relativas a la guarda y custodia del menor,
constituyen un bien jurídico indisponible para las partes en litigio,
y por tal motivo, su determinación habrá de resolverla el juez, oído
el Ministerio Fiscal.
Tanto aquella resolución como éste informe estarán condicionados por
los dictámenes aportados siguiendo las recomendaciones del punto
PRIMERO.
Salvo renuncia expresa de uno de los progenitores, incapacidad
manifiesta de alguno de ellos o imposibilidad material de llevarla a
cabo, la orientación del Juez estará siempre incardinada hacia la
CUSTODIA COMPARTIDA como ideal educativo y formativo que más
beneficia el equilibrio emocional del niño.
CUARTO
Todo niño tiene derecho a ser oído al instante de la
separación de sus padres, y sus criterios se tendrán siempre en
consideración a los efectos de la determinación de su guarda y
custodia.
Este principio de audiencia será atendido por especialistas
en la ciencia de la psicología infantil, que asistirán al juez y
fiscal en sus determinaciones.
El menor será oído cuantas veces se estime oportuno, y siempre con un
intervalo de tiempo no superior a tres meses, durante los dos
primeros años tras la separación de sus padres, al objeto de
determinar la influencia que sobre su desarrollo personal está
teniendo quien tiene a su cargo su guarda y custodia.
QUINTO
La comunicación por cualquier medio del menor con toda su
familia extensa, paterna y materna, es un derecho intransferible que
no podrá ser limitado, condicionado o suprimido por el progenitor
custodio.
Solamente mediante una sentencia judicial firme, podrá limitarse el
ejercicio para el menor de este derecho fundamental.
La vulneración del mismo, deberá suponer responsabilidades
penales para quien lo impida por cualquier medio, ya sea éste de
fundamento lícito o ilícito.
Procurar la inviabilidad de este derecho, supondrá la misma
responsabilidad que convertirlo en un derecho nulo.
SEXTO
A todo niño le asiste el derecho a ser educado y
orientado por cada uno de sus progenitores en sus respectivas
culturas, tradiciones, idiomas y religiones, siempre bajo el valor
superior de la tolerancia, la pacífica convivencia y la adecuación al
medio familiar y social en el que habrá de crecer el niño.
SEPTIMO
Todo niño tiene el derecho, de disfrute inmediato y
permanente, a una vivienda digna, que en el caso de ser aquella la
que en su momento fue domicilio familiar, habrá de ser de su
exclusivo disfrute, ocupación, cambios ambientales y alteración de
sus interiores.
Solamente el niño usufructuario de esa vivienda podrá ser su ocupante
preferente, con las lógicas limitaciones a compartir este disfrute
con el progenitor que en cada momento de su vida ostente su guarda y
custodia.
Nunca y bajo ninguna excusa podrá permitirse que la
vivienda de la que el niño es poseedor preferente, podrá ser ocupada
o compartida por persona distinta a sus progenitores, salvo
consentimiento expreso o tácito del progenitor ausente, el no
custodio.
OCTAVO
Las prestaciones asistenciales del niño, que tengan su
dación en uno de sus progenitores, podrán realizarse en dinero
efectivo o en especie.
Siempre y en todos los casos, al donante le cabrá la posibilidad de
controlar y saber del destino, uso, utilidades y aplicaciones de sus
prestaciones debidas.
Negar ésta información y control, supondrá la renuncia a la recepción
de dicha prestación por parte del progenitor receptor, bien entendido
que si dicha renuncia pudiera atentar contra el interés del niño, se
optará por considerar la posibilidad de procurar un cambio en el
régimen de guarda y custodia.
NOVENO
Todo niño, hijo de padres separados, tiene el derecho
a la compañía simultánea o alternativa de sus padres en los momentos
trascendentales de su vida, ya sean estos de naturaleza religiosa,
escolar, médica, deportiva, social o familiar.
La ausencia de un progenitor en estos momentos clave, nunca podrá ser
la consecuencia de un éxito discriminatorio del presente y cuando así
fuere, habrá de interpretarse dicho gesto como un atentado contra el
interés superior del niño.
DECIMO
Los abuelos, tíos, primos, parientes y allegados, de
todo niño hijo de padres separados, tienen igualdad de derechos
relacionales y asistenciales, ya sean por rama materna o paterna.
No cabe admitir, bajo ningún concepto, un derecho prioritario de un
familiar sobre otro, de igual grado de consanguinidad, por el mero
hecho de pertenecer el mismo a la rama paterna o materna.
Ateneo de Madrid, 11 de junio del 2.005
Declaración Universal de los Derechos del Niño, Hijo de Padres
Separados o Divorciados
"Declaración del Ateneo de Madrid"
