ACCION POR LA JUSTICIA
Partido Político.
Avda. Italia, 79 – 1º 21003 HUELVA Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74
Confiamos en el movimiento cooperativo.
Huelva, 26 de Enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
Las propuestas que conforman el cuerpo ideológico de nuestro partido, han de estar exentas de toda utopía, al objeto de ser consecuentes con el resultado tangible, de directa apreciación, que queremos conseguir mediante las acciones que emprendamos, según el momento y según las circunstancias.
La experiencia asociativa y nuestra innata inclinación por el compromiso social, nos lleva a concluir que desde el individualismo liberal es difícil que el desarrollo de una comunidad determinada llegue a las cimas de aquella otra que sustenta su progreso en base al sentimiento de la acción conjunta; esta última convicción, nos anima a imprimir en nuestro partido político ACCION POR LA JUSTICIA (AxJ) de un sentimiento favorable que pretenda alcanzar los objetivos marcados mediante el estrechamiento de lazos y compromisos que, debidamente coordinados, supondrán no sólo un equilibrio de la participación social en el disfrute del objetivo pretendido, sino la asunción de una forma de ser y estar en sociedad caracterizada por el espíritu solidario que fluye de las convicciones colectivas y de las acciones coparticipadas. Este es, a todas luces, el fin pretendido por el movimiento cooperativo, una filosofía de vida y un modo de obrar en colectividad, en base al cual cada uno aporta su cuota de esfuerzo para que, sumados todos, sea factible redistribuir los beneficios obtenidos en función a los méritos incorporados.
Vamos a potenciar el movimiento cooperativo e impulsaremos la utilización de la forma empresarial cooperativa como instrumento de vanguardia para el desarrollo integral de sus partícipes. Poco nuevo hay que aportar en este comentario acerca de las ventajas operativas que suponen, desde el punto de vista empresarial, la constitución de una cooperativa. En nuestro entorno más inmediato, tenemos a la vista empresas muy competitivas que operan en todos los sectores de la actividad económica, ya sea en la agricultura en la fase primaria de la producción, como en la secundaria de la comercialización; la distribución de productos de gran consumo es otra de las facetas típicas en las que encuentra acogida la forma empresarial cooperativa; igualmente, en el trabajo asociado, la prestación de servicios como el transporte, la reparación domiciliaria, educación, etc. La cooperativa, en cualquiera de sus variantes, goza de una serie de ventajas diferenciales con respecto a la empresa de distinta forma de propiedad, que le supone a su vez disfrutar de unas exenciones que repercuten en beneficio de sus miembros, y que actúan como incentivo para la constitución de de esta forma empresarial societaria. Desde el punto de vista fiscal, la legalidad le permite grandes ahorros en la liquidación del Impuesto de Sociedades, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales, etc. Una cooperativa, además, tiene a su disposición una amplia gama de ventajas en la concesión de créditos para su funcionamiento, con especial incidencia en la reducción vía subvención de los tipos de interés aplicables; asimismo, al estar considerada como “empresa de trabajo social”, se presta su normal funcionamiento a especiales consideraciones en materia de Seguridad Social y previsión de riesgos familiares futuros.
Esta realidad jurídica en su formulación empresarial, interconectada con el sentimiento solidario que queremos dotar nuestras acciones políticas, nos permiten confirmar que la cooperativa como forma de hacer empresa es el más eficaz instrumento que podemos utilizar para que los beneficios obtenidos por aquella actividad empresarial, redunden exclusiva e íntegramente en beneficio de quienes aportaron su trabajo, su sabiduría y su capital.
Si trasladamos esta experiencia y adecuamos estos objetivos a la vocación que nos caracteriza por dotar a todo ciudadano del derecho fundamental a una vivienda digna, hemos de concluir que la forma empresarial cooperativa es la idílica para alcanzar las pretendidas virtudes de aquel principio constitucional: que las plusvalías generadas por el mercado inmobiliario, repercutan directamente en beneficio de la sociedad.
En nuestro programa político, una vez acordemos la adecuación de estos criterios inspiradores a la realidad social más inmediata, haremos amplia exposición y sostendremos con entusiasta énfasis, la oportunidad que supone para los estamentos sociales más desfavorecidos acogerse a la forma cooperativa, como instrumento para la solución de sus problemas cotidianos, entre los cuales la vivienda ocupan, como siempre dijimos, un lugar preponderante.
Exigiremos que los Planes de Ordenación Urbanística municipal acojan este método para la promoción de viviendas en propiedad como el más indicado para distribuir equitativamente los beneficios que tienen en el suelo su fuente de creación, y procuraremos a través de nuestra acción política que el cooperativismo, como sentimiento y movimiento, esté siempre presente en la conciencia y alternativa política de quienes teniendo la facultad de generar beneficios colectivos, sepan en todo momento que es ésta alternativa empresarial la que más vocación social le asiste y la que mejor concibe el ansiado objetivo de la atención al interés general.
La promoción de vivienda en forma cooperativa ha de ser, en todos los casos, una opción de disfrute para aquellas personas que necesiten acceder a una primera o única vivienda en propiedad, utilizada ésta como domicilio habitual y permanente, y bajo estos parámetros, reivindicaremos que las reservas municipales de suelo para vivienda protegida que todo Plan de Ordenación Urbana le corresponde apropiarse (10 por 100 del suelo aprovechable una vez urbanizado), se destinen a la promoción de esta modalidad promotora de vivienda. Y asimismo, y en consecuencia con los principios que venimos defendiendo, entendemos que la vivienda adquirida en forma cooperativa, en la que al faltar el componente especulativo queda exenta del beneficio empresarial del promotor, se acoja al estatuto propietario de la vivienda libre, de tal modo que al adquirente no se le impida el disfrute de las revalorizaciones normales que vayan generando la evolución del mercado inmobiliario en aquella zona donde se ha de ubicar.
Porque las plusvalías del sector inmobiliario deben repercutir en beneficio de la colectividad que lo circunda y ocupa, es por lo que elevaremos a la categoría de principio rector de nuestro programa de vivienda la forma cooperativa como la más indicada para beneficiar directamente a los estamentos sociales que más limitaciones padecen para acceder al mercado de la vivienda libre: jóvenes, parados de larga duración, familias monoparentales con hijos a su cargo, familias numerosas, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años, disminuidos físicos, etc. Etc.
Cordialmente:
Mariano Orta.
Miembro de la Comisión Promotora del Partido Político ACCION POR LA JUSTICIA.
26 enero 2006
23 enero 2006
DERECHO A LA VIVIENDA: Desde AxJ combatimos la precariedad familiar.
ACCION POR LA JUSTICIA
Partido Político
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
Avda. de Italia, 79 – 1º 21003 HUELVA Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74
DERECHO A LA VIVIENDA: Desde AxJ combatimos la precariedad familiar.
Huelva, 23 de enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y amigos:
Tal como venimos sosteniendo en nuestros últimos comentarios, el derecho a la posesión de una vivienda digna tiene para nosotros una proyección vivencial que va mucho más allá de la satisfacción de aquella necesidad de acogida que toda persona precisa para su normal supervivencia. La vivienda constituye el domicilio del ocupante, pero las posibilidades para que ese ocupante vea atendidas sus necesidades futuras, sólo es posible, sostenemos, si aquella vivienda se goza en régimen de pleno dominio. De contrario, como decíamos ayer, el empobrecimiento comparativo de la persona está asegurado por la propia dinámica del mercado.
Si desde nuestro partido político requerimos JUSTICIA, ésta ha de ser, antes que nada, satisfactoria de los intereses fundamentales de los grupos sociales más necesitados de protección pública, y recalcamos que en estos colectivos se encuentran todos aquellos hombres y mujeres que viven en determinados estados de permanente precariedad, ya sea por su escasa formación profesional, limitaciones intelectuales, razones vinculadas a la edad, estado civil o procedencia u origen étnico. De lo que hemos de ser conscientes, es de que el desarrollo armónico de la sociedad se consigue cuando todas las capas sociales tienen satisfechas sus necesidades elementales, y aquí, cuando hablamos de satisfacción, también queremos ir más allá de la prestación del consabido “salario social”, Renta Mínima de Inserción, al que tienen derecho de percepción todo ciudadano, por el hecho de serlo, aunque nunca haya cotizado a la Seguridad Social. Esta “Renta Mínima” no satisface más que una parte de las necesidades alimenticias, pero en absoluto es suficiente para proteger con dignidad a personas dependientes, y por tanto precisadas de la ayuda de terceros. Pero hay más, desde nuestro partido político AxJ, nos preocupa especialmente la prevención de estas situaciones, del tal grado de precariedad personal, familiar y social, que son incomprensibles que subsistan en un llamado Estado de Bienestar como se califica a nuestra forma de administrar y distribuir los recursos públicos.
La precariedad que aquí estamos refiriendo, es aquella que afecta a personas que por los avatares de su vida se ven precipitados a situaciones no deseadas de jubilaciones anticipadas, penurias debidas a la inestabilidad laboral permanente, acontecimientos inesperados en la vida de la persona que le abocan a padecer trances verdaderamente trágicos como pudieran ser el de aquellos padres que se ven obligados a abandonar sus domicilios tras la separación matrimonial, con el añadido desfavorable de precisar atender a sus descendientes, aun compartiendo vida y hogar con el ex-conyuge ocupante del domicilio conyugal. Estas situaciones, y otras muchas posibles, hemos de preveerlas, y por este motivo, desde A x J queremos hacer hincapié en la necesidad incuestionable de enriquecer al pobre, de proteger al débil y de asistir al necesitado. Pero estas premisas, sólo pueden ser satisfechas con medios materiales, que no siempre se alcanzan a disponer ni aún contando con la ayuda familiar.
Este reto asistencial, hay que afrontarlo desde mucho antes de que el problema surja, y esto que decimos no es nada nuevo. En la mente de todos está le necesidad de preveer coyunturas futuras que pudieran ser muy desfavorables; queremos decir, que no es nada nuevo impulsar acciones políticas que supongan enriquecer al ciudadano, dotarle de medios materiales, en cuantía suficiente para que su futuro se contemple desde la estabilidad de miras y no desde la precariedad de posibilidades. Para llegar a este objetivo, somos partidarios de incentivar el acceso a la propiedad de una vivienda, y esta prerrogativa se ha de enfocar como un derecho fundamental, que como antes aludimos, tiene un mayor alcance que el de mera necesidad de refugio donde superar determinadas inclemencias socio-familiares. Una vivienda es digna, y tal derecho se disfruta, cuando las plusvalías que genera el mercado inmobiliario repercute directamente sobre aquel propietario, y lo demás, no son más que atajos para eludir la precariedad, pero no son soluciones definitivas que se alcanzan merced a la disposición de recursos con los que afrontar problemas futuros.
Desde instancias oficiales, se recomienda provisionar el mañana con la suscripción de planes de pensiones y otras medidas de similar naturaleza, todas ellas sintonizadas con la percepción de rentas que mitiguen la debilidad del sistema público de pensiones. Obviamente, para suscribir aquellos planes, previamente, se nos ha infundido la duda razonable de si en el futuro, el sistema público, será capaz de soportar las exigencias que conllevan el envejecimiento de la población, y se nos alerta de la conveniencia de ahorrar para cuando el momento lo requiera. Pero esta recomendación, con ser válida y muy recomendable, tiene una doble lectura, consistente en que se nos oculta la posibilidad de atender aquellas necesidades futuras con una alternativa mejor, simplemente invirtiendo aquellos recursos parciales en un activo que el mercado nos ofrece como es la propiedad inmobiliaria.
Está clarísimo, no cabe duda alguna. La rentabilidad media acumulada de los planes de pensiones, es del 3,6 por 100, prácticamente un porcentaje equivalente a la pérdida ordinaria del poder adquisitivo del dinero, que en el año que termina fue del 3,7 por 100. Es decir, el dinero invertido en planes de pensiones, sólo se cambia, pero no se disfruta de una cualificada revalorización; el plan de pensiones es una hucha que conserva el valor de lo guardado, pero que no crece si no se le inyecta permanentemente nuevas aportaciones. Esta realidad, dista años luz de las ventajas que la inversión inmobiliaria tiene como medio para garantizarse una renta futura, pues su crecimiento valorativo espoleado por el mercado nunca desciende del 15 por 100 anual acumulativo. En “román paladino”, cuando después de treinta años pagando religiosamente las cuotas mensuales de un plan de pensiones, obtenemos una renta vitalicia de 1.000 euros mensuales, es muy probable que desembolsando aquellas mismas cantidades periódicas, pero cambiando de concepto, cuota de plan por cuota de crédito hipotecario, aquella renta se transforme en no menos de 5.000 euros mensuales, por la revalorización que experimenta el valor del inmueble adquirido en relación al crecimiento del ahorro ingresado como cuota mensual del plan de jubilación.
Así es, de este modo, como queremos combatir la precariedad personal y familiar a todos los niveles, ahora, mañana y siempre. La dependencia se satisface con recursos, y la mejor inversión accesible al ciudadano no experimentado en otros mercados de mayor dinamismo, es la inversión inmobiliaria. Por este motivo, incidimos que el derecho al disfrute de una vivienda digna tiene una extensa lectura, que hemos de difundir, hacerla ver y asimilar, para que quienes confíen en nuestro proyecto político puedan beneficiarse de ésta ilusionante alternativa política al concepto tradicional de asistencia social. Este es el desafío político de AxJ.
Llegado este punto, cabe preguntarse:
¿Y como accedemos, en condiciones ventajosas y factibles, a disponer de aquella vivienda digna, que nos permita vivir en un domicilio, conseguir una fuerte revalorización y asegurarnos una pensión futura suficiente, a su vez, para vivir dignamente en los momentos de especiales limitaciones físicas, profesionales, sociales o circunstanciales?. Este es nuestro reto político, aportar soluciones realistas a los problemas y reivindicaciones que vayamos planteando.
Cordialmente:
Mariano Orta.
Miembro de la Comisión Gestora del partido político
ACCION POR LA JUSTICIA.
Partido Político
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DERECHO A LA VIVIENDA: Desde AxJ combatimos la precariedad familiar.
Huelva, 23 de enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y amigos:
Tal como venimos sosteniendo en nuestros últimos comentarios, el derecho a la posesión de una vivienda digna tiene para nosotros una proyección vivencial que va mucho más allá de la satisfacción de aquella necesidad de acogida que toda persona precisa para su normal supervivencia. La vivienda constituye el domicilio del ocupante, pero las posibilidades para que ese ocupante vea atendidas sus necesidades futuras, sólo es posible, sostenemos, si aquella vivienda se goza en régimen de pleno dominio. De contrario, como decíamos ayer, el empobrecimiento comparativo de la persona está asegurado por la propia dinámica del mercado.
Si desde nuestro partido político requerimos JUSTICIA, ésta ha de ser, antes que nada, satisfactoria de los intereses fundamentales de los grupos sociales más necesitados de protección pública, y recalcamos que en estos colectivos se encuentran todos aquellos hombres y mujeres que viven en determinados estados de permanente precariedad, ya sea por su escasa formación profesional, limitaciones intelectuales, razones vinculadas a la edad, estado civil o procedencia u origen étnico. De lo que hemos de ser conscientes, es de que el desarrollo armónico de la sociedad se consigue cuando todas las capas sociales tienen satisfechas sus necesidades elementales, y aquí, cuando hablamos de satisfacción, también queremos ir más allá de la prestación del consabido “salario social”, Renta Mínima de Inserción, al que tienen derecho de percepción todo ciudadano, por el hecho de serlo, aunque nunca haya cotizado a la Seguridad Social. Esta “Renta Mínima” no satisface más que una parte de las necesidades alimenticias, pero en absoluto es suficiente para proteger con dignidad a personas dependientes, y por tanto precisadas de la ayuda de terceros. Pero hay más, desde nuestro partido político AxJ, nos preocupa especialmente la prevención de estas situaciones, del tal grado de precariedad personal, familiar y social, que son incomprensibles que subsistan en un llamado Estado de Bienestar como se califica a nuestra forma de administrar y distribuir los recursos públicos.
La precariedad que aquí estamos refiriendo, es aquella que afecta a personas que por los avatares de su vida se ven precipitados a situaciones no deseadas de jubilaciones anticipadas, penurias debidas a la inestabilidad laboral permanente, acontecimientos inesperados en la vida de la persona que le abocan a padecer trances verdaderamente trágicos como pudieran ser el de aquellos padres que se ven obligados a abandonar sus domicilios tras la separación matrimonial, con el añadido desfavorable de precisar atender a sus descendientes, aun compartiendo vida y hogar con el ex-conyuge ocupante del domicilio conyugal. Estas situaciones, y otras muchas posibles, hemos de preveerlas, y por este motivo, desde A x J queremos hacer hincapié en la necesidad incuestionable de enriquecer al pobre, de proteger al débil y de asistir al necesitado. Pero estas premisas, sólo pueden ser satisfechas con medios materiales, que no siempre se alcanzan a disponer ni aún contando con la ayuda familiar.
Este reto asistencial, hay que afrontarlo desde mucho antes de que el problema surja, y esto que decimos no es nada nuevo. En la mente de todos está le necesidad de preveer coyunturas futuras que pudieran ser muy desfavorables; queremos decir, que no es nada nuevo impulsar acciones políticas que supongan enriquecer al ciudadano, dotarle de medios materiales, en cuantía suficiente para que su futuro se contemple desde la estabilidad de miras y no desde la precariedad de posibilidades. Para llegar a este objetivo, somos partidarios de incentivar el acceso a la propiedad de una vivienda, y esta prerrogativa se ha de enfocar como un derecho fundamental, que como antes aludimos, tiene un mayor alcance que el de mera necesidad de refugio donde superar determinadas inclemencias socio-familiares. Una vivienda es digna, y tal derecho se disfruta, cuando las plusvalías que genera el mercado inmobiliario repercute directamente sobre aquel propietario, y lo demás, no son más que atajos para eludir la precariedad, pero no son soluciones definitivas que se alcanzan merced a la disposición de recursos con los que afrontar problemas futuros.
Desde instancias oficiales, se recomienda provisionar el mañana con la suscripción de planes de pensiones y otras medidas de similar naturaleza, todas ellas sintonizadas con la percepción de rentas que mitiguen la debilidad del sistema público de pensiones. Obviamente, para suscribir aquellos planes, previamente, se nos ha infundido la duda razonable de si en el futuro, el sistema público, será capaz de soportar las exigencias que conllevan el envejecimiento de la población, y se nos alerta de la conveniencia de ahorrar para cuando el momento lo requiera. Pero esta recomendación, con ser válida y muy recomendable, tiene una doble lectura, consistente en que se nos oculta la posibilidad de atender aquellas necesidades futuras con una alternativa mejor, simplemente invirtiendo aquellos recursos parciales en un activo que el mercado nos ofrece como es la propiedad inmobiliaria.
Está clarísimo, no cabe duda alguna. La rentabilidad media acumulada de los planes de pensiones, es del 3,6 por 100, prácticamente un porcentaje equivalente a la pérdida ordinaria del poder adquisitivo del dinero, que en el año que termina fue del 3,7 por 100. Es decir, el dinero invertido en planes de pensiones, sólo se cambia, pero no se disfruta de una cualificada revalorización; el plan de pensiones es una hucha que conserva el valor de lo guardado, pero que no crece si no se le inyecta permanentemente nuevas aportaciones. Esta realidad, dista años luz de las ventajas que la inversión inmobiliaria tiene como medio para garantizarse una renta futura, pues su crecimiento valorativo espoleado por el mercado nunca desciende del 15 por 100 anual acumulativo. En “román paladino”, cuando después de treinta años pagando religiosamente las cuotas mensuales de un plan de pensiones, obtenemos una renta vitalicia de 1.000 euros mensuales, es muy probable que desembolsando aquellas mismas cantidades periódicas, pero cambiando de concepto, cuota de plan por cuota de crédito hipotecario, aquella renta se transforme en no menos de 5.000 euros mensuales, por la revalorización que experimenta el valor del inmueble adquirido en relación al crecimiento del ahorro ingresado como cuota mensual del plan de jubilación.
Así es, de este modo, como queremos combatir la precariedad personal y familiar a todos los niveles, ahora, mañana y siempre. La dependencia se satisface con recursos, y la mejor inversión accesible al ciudadano no experimentado en otros mercados de mayor dinamismo, es la inversión inmobiliaria. Por este motivo, incidimos que el derecho al disfrute de una vivienda digna tiene una extensa lectura, que hemos de difundir, hacerla ver y asimilar, para que quienes confíen en nuestro proyecto político puedan beneficiarse de ésta ilusionante alternativa política al concepto tradicional de asistencia social. Este es el desafío político de AxJ.
Llegado este punto, cabe preguntarse:
¿Y como accedemos, en condiciones ventajosas y factibles, a disponer de aquella vivienda digna, que nos permita vivir en un domicilio, conseguir una fuerte revalorización y asegurarnos una pensión futura suficiente, a su vez, para vivir dignamente en los momentos de especiales limitaciones físicas, profesionales, sociales o circunstanciales?. Este es nuestro reto político, aportar soluciones realistas a los problemas y reivindicaciones que vayamos planteando.
Cordialmente:
Mariano Orta.
Miembro de la Comisión Gestora del partido político
ACCION POR LA JUSTICIA.
22 enero 2006
LA VIVIENDA ES VIDA
ACCION POR LA JUSTICIA
Partido político
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Avda. de Italia, 79 – 1º 21003 HUELVA. Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74
LA VIVIENDA ES VIDA
Huelva, 22 de enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
En estos días estamos conociendo las cifras correspondientes a la economía nacional durante el pasado año. Tras su lectura, se confirma nuestra tesis política, incardinada a la necesidad de promover las medidas necesarias que hagan factible que todo ciudadano en edad laboral pueda disponer de una vivienda digna, y recordemos que la plenitud de dicha “dignidad” se adquiere gozando de la condición de propietario, en pleno dominio, de aquella vivienda. No nos convencen los planes del Ministerio de la Vivienda, más preocupados por incentivar el alquiler que en reducir los inconvenientes para la compra de la primera vivienda.
Una vivienda es algo más que el sitio donde se reside, ya sea domicilio habitual o accidental; ser propietario de una vivienda supone disponer de un patrimonio en permanente revalorización, que le permite a su tenedor mantener o incrementar en el tiempo el poder adquisitivo de los desembolsos realizados para su adquisición, y además, dicha disponibilidad, recordemos que en pleno dominio, le atribuye a su propietario una solvencia en términos de capacidad crediticia que le abre las puertas del mercado bancario, con las ventajas que ello supone para quienes desean poner en práctica proyectos de vida centrados en la autonomía profesional. Y esta ventaja añadida a la mera satisfacción de la necesidad de habitar en un domicilio determinado, es un elemento que favorece decisivamente la elevación del nivel de vida de su titular y, por derivación, se le dota de este modo del tal vez principal objetivo de toda política económica: contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida de los ciudadanos, permitiéndoles satisfacer sus necesidades primarias.
Durante 2.005, el incremento del précio de la vivienda libre ha sido, de media nacional, un 13 por 100, lo que equivale a triplicar el índice de inflación anual (3,7 % ), y esto se traduce, simplemente, en que quienes son propietarios de vivienda, han acumulado un capital disponible al margen de las rentas de su trabajo que le garantizan, de ahora y para siempre, un colchón de estabilidad económica imprescindible para afrontar con éxito cualquier coyuntura desfavorable. Somos partidarios de enriquecer al ciudadano; no nos han de doler prendas al reconocer y exigir que las plusvalías generadas por el mercado inmobiliario, deben repercutir en beneficio de los estamentos sociales más desfavorecidos, y este desvío de los beneficios sociales, sólo podrán llevarse a cabo promoviendo medidas que permitan acceder con facilidad al status de propietario, al menos, de una primera vivienda. Nos aferramos al principio constitucional implícito en el artículo 47 de la C.E., y lo decimos de este modo y con esta rotundidad, porque somos conscientes de que tanto nuestra juventud como otros estamentos sociales especialmente necesitados de protección (inmigrantes, padres y madres separados, minusválidos o personas dependientes) deben poder acceder con total facilidad a la disposición en propiedad de una primera vivienda.
A esta reivindicación de nuestro partido político ACCION POR LA JUSTICIA, no debe dársele una interpretación laxa, sino todo lo contrario. Además del elemento “calidad de vida”, ser propietario de una vivienda supone poder mantener, también durante toda la existencia, de una satisfacción de las necesidades personales precisamente en los momentos que más limitaciones operativas se tiene durante el transcurso de la vida, y me refiero a los años de vejez, crisis profesional o incapacidad laboral. Quien llegado estos momentos dispone de una vivienda en pleno dominio, tiene garantizadas las necesidades asistenciales básicas, y así está ya previsto en la reciente normativa reguladora del derecho a la asistencia social de las personas dependientes; igualmente, ese “pleno dominio” que reivindicamos, tiene el valor paralelo de servir como distintivo de solvencia para quienes carecen de otros recursos. Pero por encima de todo, ser propietario de una primera vivienda, imprime en su tenedor un carácter de persona responsable, segura de sí misma, altamente motivada en su autoestima, factores todos ellos que contribuyen decisivamente a la satisfacción general de la ciudadanía, y si como en otras ocasiones hemos sostenido, la acción política ha de materializarse en resultados concretos y tangibles para el ciudadano, es de este modo, facilitando el acceso a la propiedad de la vivienda como de verdad se convierte en realista aquella definición de la política como “el arte de lo posible”.
El ciudadano que carece de vivienda en propiedad, no sólo es más pobre que los demás, sino que además, vive en una permanente espiral de empobrecimiento. Como todos sabemos, el índice de crecimiento de los salarios tiene como referente marco los índices interanuales de inflación; a su vez, aquellos salarios percibidos tienen por destino el pago de alquileres del lugar donde se reside. Pues bién, con un crecimiento salarial medio del cinco por ciento y un crecimiento en el valor de la vivienda de un 13 por 100, obtenemos como resultado de aritmética aplastante, que quien vive de alquiler se ve privado anualmente de un crecimiento patrimonial anual de aquel 13 por 100, cifra a la que habrá que sumarle la pérdida de renta sufrida por pago de alquileres, o lo que es igual, el no propietario, dispone de una renta anual que asciende a un 43 por 100 inferior al propietario, resultado de la suma de las plusvalías obtenidas por quien es propietario, más un 30 por 100 de media de gasto al que hay que destinar el porcentaje del salario dedicado al pago del alquiler.
La conclusión a la que llegamos es tan obvia, que nos parece ridícula, antisocial y contra natura, cualquier política dirigida al fomento de los alquileres, en detrimento del impulso a la compra. Pero hemos de recalcar, que desde nuestro partido político auspiciamos la adquisición de viviendas calificadas como de “renta libre”, pues es la única modalidad en la que el propietario puede ser beneficiario directo de las plusvalías generadas por aquella propiedad. La vivienda protegida ha experimentado en 2.005 un crecimiento de su valor del 5,5 por ciento, sólo dos puntos escasos por encima de la inflación, lo que significa que el précio pagado por la misma apenas si ha repercutido sobre su adquirente. En otros términos, el propietario de “renta libre” se distancia en términos de disponibilidad de riqueza a un ritmo anual del 7 por 100 con respecto al titular de vivienda protegida. Y no digamos de qué modo experimenta este avance con respecto a quien vive en régimen de alquiler. Es contrario a toda lógica política, patrocinar el empobrecimiento del ciudadano; eso no es hacer política social, sino todo lo contrario, es primar a unas capas sociales para otorgarles la condición de “privilegiadas”, al mismo ritmo que a otras se les niega o impide el goce de este mismo privilegio.
Cordialmente:
Mariano Orta.
Miembro de la Comisión Gestora del partido Político
ACCION POR LA JUSTICIA.
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
Partido político
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
Avda. de Italia, 79 – 1º 21003 HUELVA. Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74
LA VIVIENDA ES VIDA
Huelva, 22 de enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
En estos días estamos conociendo las cifras correspondientes a la economía nacional durante el pasado año. Tras su lectura, se confirma nuestra tesis política, incardinada a la necesidad de promover las medidas necesarias que hagan factible que todo ciudadano en edad laboral pueda disponer de una vivienda digna, y recordemos que la plenitud de dicha “dignidad” se adquiere gozando de la condición de propietario, en pleno dominio, de aquella vivienda. No nos convencen los planes del Ministerio de la Vivienda, más preocupados por incentivar el alquiler que en reducir los inconvenientes para la compra de la primera vivienda.
Una vivienda es algo más que el sitio donde se reside, ya sea domicilio habitual o accidental; ser propietario de una vivienda supone disponer de un patrimonio en permanente revalorización, que le permite a su tenedor mantener o incrementar en el tiempo el poder adquisitivo de los desembolsos realizados para su adquisición, y además, dicha disponibilidad, recordemos que en pleno dominio, le atribuye a su propietario una solvencia en términos de capacidad crediticia que le abre las puertas del mercado bancario, con las ventajas que ello supone para quienes desean poner en práctica proyectos de vida centrados en la autonomía profesional. Y esta ventaja añadida a la mera satisfacción de la necesidad de habitar en un domicilio determinado, es un elemento que favorece decisivamente la elevación del nivel de vida de su titular y, por derivación, se le dota de este modo del tal vez principal objetivo de toda política económica: contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida de los ciudadanos, permitiéndoles satisfacer sus necesidades primarias.
Durante 2.005, el incremento del précio de la vivienda libre ha sido, de media nacional, un 13 por 100, lo que equivale a triplicar el índice de inflación anual (3,7 % ), y esto se traduce, simplemente, en que quienes son propietarios de vivienda, han acumulado un capital disponible al margen de las rentas de su trabajo que le garantizan, de ahora y para siempre, un colchón de estabilidad económica imprescindible para afrontar con éxito cualquier coyuntura desfavorable. Somos partidarios de enriquecer al ciudadano; no nos han de doler prendas al reconocer y exigir que las plusvalías generadas por el mercado inmobiliario, deben repercutir en beneficio de los estamentos sociales más desfavorecidos, y este desvío de los beneficios sociales, sólo podrán llevarse a cabo promoviendo medidas que permitan acceder con facilidad al status de propietario, al menos, de una primera vivienda. Nos aferramos al principio constitucional implícito en el artículo 47 de la C.E., y lo decimos de este modo y con esta rotundidad, porque somos conscientes de que tanto nuestra juventud como otros estamentos sociales especialmente necesitados de protección (inmigrantes, padres y madres separados, minusválidos o personas dependientes) deben poder acceder con total facilidad a la disposición en propiedad de una primera vivienda.
A esta reivindicación de nuestro partido político ACCION POR LA JUSTICIA, no debe dársele una interpretación laxa, sino todo lo contrario. Además del elemento “calidad de vida”, ser propietario de una vivienda supone poder mantener, también durante toda la existencia, de una satisfacción de las necesidades personales precisamente en los momentos que más limitaciones operativas se tiene durante el transcurso de la vida, y me refiero a los años de vejez, crisis profesional o incapacidad laboral. Quien llegado estos momentos dispone de una vivienda en pleno dominio, tiene garantizadas las necesidades asistenciales básicas, y así está ya previsto en la reciente normativa reguladora del derecho a la asistencia social de las personas dependientes; igualmente, ese “pleno dominio” que reivindicamos, tiene el valor paralelo de servir como distintivo de solvencia para quienes carecen de otros recursos. Pero por encima de todo, ser propietario de una primera vivienda, imprime en su tenedor un carácter de persona responsable, segura de sí misma, altamente motivada en su autoestima, factores todos ellos que contribuyen decisivamente a la satisfacción general de la ciudadanía, y si como en otras ocasiones hemos sostenido, la acción política ha de materializarse en resultados concretos y tangibles para el ciudadano, es de este modo, facilitando el acceso a la propiedad de la vivienda como de verdad se convierte en realista aquella definición de la política como “el arte de lo posible”.
El ciudadano que carece de vivienda en propiedad, no sólo es más pobre que los demás, sino que además, vive en una permanente espiral de empobrecimiento. Como todos sabemos, el índice de crecimiento de los salarios tiene como referente marco los índices interanuales de inflación; a su vez, aquellos salarios percibidos tienen por destino el pago de alquileres del lugar donde se reside. Pues bién, con un crecimiento salarial medio del cinco por ciento y un crecimiento en el valor de la vivienda de un 13 por 100, obtenemos como resultado de aritmética aplastante, que quien vive de alquiler se ve privado anualmente de un crecimiento patrimonial anual de aquel 13 por 100, cifra a la que habrá que sumarle la pérdida de renta sufrida por pago de alquileres, o lo que es igual, el no propietario, dispone de una renta anual que asciende a un 43 por 100 inferior al propietario, resultado de la suma de las plusvalías obtenidas por quien es propietario, más un 30 por 100 de media de gasto al que hay que destinar el porcentaje del salario dedicado al pago del alquiler.
La conclusión a la que llegamos es tan obvia, que nos parece ridícula, antisocial y contra natura, cualquier política dirigida al fomento de los alquileres, en detrimento del impulso a la compra. Pero hemos de recalcar, que desde nuestro partido político auspiciamos la adquisición de viviendas calificadas como de “renta libre”, pues es la única modalidad en la que el propietario puede ser beneficiario directo de las plusvalías generadas por aquella propiedad. La vivienda protegida ha experimentado en 2.005 un crecimiento de su valor del 5,5 por ciento, sólo dos puntos escasos por encima de la inflación, lo que significa que el précio pagado por la misma apenas si ha repercutido sobre su adquirente. En otros términos, el propietario de “renta libre” se distancia en términos de disponibilidad de riqueza a un ritmo anual del 7 por 100 con respecto al titular de vivienda protegida. Y no digamos de qué modo experimenta este avance con respecto a quien vive en régimen de alquiler. Es contrario a toda lógica política, patrocinar el empobrecimiento del ciudadano; eso no es hacer política social, sino todo lo contrario, es primar a unas capas sociales para otorgarles la condición de “privilegiadas”, al mismo ritmo que a otras se les niega o impide el goce de este mismo privilegio.
Cordialmente:
Mariano Orta.
Miembro de la Comisión Gestora del partido Político
ACCION POR LA JUSTICIA.
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
21 enero 2006
UNA VIVIENDA DIGNA, PARA VIVIR DIGNAMENTE.
ACCION POR LA JUSTICIA
Partido Político.
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
Avda. de italia, 79 – 1º 21003 HUELVA. Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74
UNA VIVIENDA DIGNA, PARA VIVIR DIGNAMENTE
Huelva, a 21 de Enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
En el avance programático de nuestro partido, que estamos emitiendo en estos primero editoriales de la formación, hemos definido tres facetas de la vida ciudadana sobre las que hemos de agudizar nuestros esfuerzos iniciales: JUSTICIA, VIVIENDA y FAMILIA. Hoy, siguiendo éste orden, quiero esbozar cual es el sentimiento dominante que nos atañe en el apartado al derecho a una vivienda digna, según la entendemos a la luz de lo prometido en el artículo 47 de la Constitución Española:
Partido Político.
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
Avda. de italia, 79 – 1º 21003 HUELVA. Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74
UNA VIVIENDA DIGNA, PARA VIVIR DIGNAMENTE
Huelva, a 21 de Enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
En el avance programático de nuestro partido, que estamos emitiendo en estos primero editoriales de la formación, hemos definido tres facetas de la vida ciudadana sobre las que hemos de agudizar nuestros esfuerzos iniciales: JUSTICIA, VIVIENDA y FAMILIA. Hoy, siguiendo éste orden, quiero esbozar cual es el sentimiento dominante que nos atañe en el apartado al derecho a una vivienda digna, según la entendemos a la luz de lo prometido en el artículo 47 de la Constitución Española:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los poderes públicos”.
De este precepto constitucional, si en algo estaremos todo el mundo de acuerdo es que la belleza de su redacción disiente de la más cruda realidad, totalmente dispar a la prevista en el mandato constitucional. Si por algo se caracteriza la política de vivienda que todos conocemos, es por la permanente espiral de crecimiento del valor del suelo, y su obvia repercusión sobre el précio final de la vivienda, lo que hace cada vez más inaccesible para el ciudadano medio poder optar por una vivienda “digna” en términos comparativos con quienes supuestamente ya gozan de la tenencia de aquella “dignidad”.
Hay algo que no podemos eludir, y es que sin una “vivienda digna”, es de hecho imposible poder llevar a cabo el disfrute de una “vida digna”. La importancia de la vivienda para el ser humano no es la de simple cobijo en donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, como podría imaginarse, por comparación con quienes siendo “sin techo” viven al raso. No es este el valor que hemos de enaltecer, a estas alturas de Estado del Bienestar, donde tantos y tantos servicios básicos tenemos garantizados. Una “vivienda digna” es aquella que le permite al ciudadano ocupante de la misma ser titular de una estabilidad social acorde con sus aptitudes personales, y a la vez, le sirve de plataforma para su debido desarrollo personal, en aras de facilitarle su plena realización como miembro de una familia a la que ha de proteger y como miembro de una sociedad en la que ha de convivir. Estas dignidades, a nuestro entender, no se alcanzan con el solo hecho de “tener donde guarnecerse”, que podría ser suficiente aspiración para confirmar el alcance del derecho aquí invocado, sino que “el techo” bajo el que se vive, ha de ser seguro, estable, que sus valores repercutan en beneficio de sus tenedores y que por supuesto, disponga de las suficientes dosis de habitabilidad como para que sus moradores encuentre en el mismo su hábitat idóneo en el que proyectar sus aspiraciones de vida. Y estos requisitos de dignidad, a nuestro entender, sólo son satisfechos cuando la vivienda en cuestión se disfruta no solo en propiedad, sino en pleno dominio, porque entre ambos conceptos puede mediar un abismo de limitaciones y reservas.
Desde nuestro partido político, ACCION POR LA JUSTICIA, hemos de ser innovadores en la reivindicación de este derecho fundamental, y dada la gratitud del texto constitucional, exigiremos que los beneficios derivados de las plusvalías del suelo, bien natural por antonomasia, repercutan directamente sobre quienes socialmente más necesitados están de ser propietarios de aquella “vivienda digna” expresada en el texto constitucional. A nadie escapa la importancia que para todo ciudadano de cualquier condición, supone disfrutar de este derecho en toda su plenitud. En un esfuerzo imaginativo, nos debemos situar en el progenitor divorciado, hombre o mujer, con hijos a su cargo (habitualmente mujer), unida la circunstancia de una edad avanzada, lo que supone una extensa serie de limitaciones profesionales, decimos, y se vea en la tesitura de prescindir del que fue su domicilio conyugal y precise, claro está, de la tenencia de una nueva vivienda, a los précios actuales y tal vez décadas después de haber adquirido aquella otra que fue su primera y única vivienda, antiguo domicilio familiar. El quebranto de vida que esta persona sufre, y por añadidura sus descendientes, no merece otro calificativo más que el de “dramático”.
¿Cómo atender, en estas hipótesis, el principio constitucional al derecho de acceso a una vivienda digna?. Pocas respuestas tienen las actuales políticas urbanísticas a estos supuestos, y además, las que hay, sólo atienden la satisfacción de este derecho de forma muy limitada, restringiendo enormemente la disponibilidad libre y plena sobre la vivienda cedida, lo cual además de contribuir a un descenso en la “dignidad” de vida anteriormente alcanzada, supone una inestabilidad personal, emocional y tal vez también social que actuarán como acicate para restringirle sus posibilidades de realización personal futura, del titular de la vivienda y también de los menores a su cargo.
Este mismo recorrido casuístico hemos de orientarlo en la dirección de los ciudadanos inmigrantes (más de tres millones, censados) que se convierten por el devenir de sus vidas en residentes españoles con previsión de continuidad. A estos ciudadanos, igualmente que a los nacionales, se les debe dotar de los medios necesarios para que puedan adquirir una vivienda, para vivir dignamente como ciudadanos de bien, y ello sólo será posible si se adecuan las políticas urbanísticas al principio constitucional antes citado, pues no cabe la menor duda que a los précios actuales de la vivienda y dadas las restricciones económicas y laborales del inmigrante, acceder a aquella propiedad es algo menos que fruto de una proverbial gracia milagrosa.
En la misma tesitura se encuentran aquellos jóvenes que desean disfrutar de la emancipación familiar. ¿Es imaginable que algún recién licenciado, ejerciendo una actividad laboral al uso, pueda adquirir una vivienda en propiedad, en las circunstancias actuales, en algún lugar de España?. Este razonamiento, que omitimos extender por obvio e indiscutible, ha de ser una de las prioridades reivindicativas de nuestro proyecto político, evidentemente, porque si la acción política consiste en conseguir la satisfacción colectiva de las necesidades individuales, la vivienda es, por orden de importancia, tal vez la primera de todas insuficiencias que desde los poderes públicos se deben proporcionar a quienes la padezcan. Como antes dijimos, y nos ratificamos, sin ser propietarios en pleno dominio de una vivienda, no puede hablarse de ser tenedor de una “vivienda digna” en los términos que la C.E. nos ofrece, y esa dignidad de vida, que se alcanza con aquel pleno dominio, ha de ser el objetivo fundamental de toda política urbanística, y desde esta convicción lucharemos como partido político, para convertir un derecho cuasi utópico en una realidad perceptible a la luz de los más elementales sentidos, y por encima de todos, anteponemos el sentido de la dignidad de la persona como valor incuestionable para cuyo alcance deben quedar subordinados cualquier otro interés por legítimo que pudiera parecer.
Cordialmente:
Mariano Orta.
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los poderes públicos”.
De este precepto constitucional, si en algo estaremos todo el mundo de acuerdo es que la belleza de su redacción disiente de la más cruda realidad, totalmente dispar a la prevista en el mandato constitucional. Si por algo se caracteriza la política de vivienda que todos conocemos, es por la permanente espiral de crecimiento del valor del suelo, y su obvia repercusión sobre el précio final de la vivienda, lo que hace cada vez más inaccesible para el ciudadano medio poder optar por una vivienda “digna” en términos comparativos con quienes supuestamente ya gozan de la tenencia de aquella “dignidad”.
Hay algo que no podemos eludir, y es que sin una “vivienda digna”, es de hecho imposible poder llevar a cabo el disfrute de una “vida digna”. La importancia de la vivienda para el ser humano no es la de simple cobijo en donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, como podría imaginarse, por comparación con quienes siendo “sin techo” viven al raso. No es este el valor que hemos de enaltecer, a estas alturas de Estado del Bienestar, donde tantos y tantos servicios básicos tenemos garantizados. Una “vivienda digna” es aquella que le permite al ciudadano ocupante de la misma ser titular de una estabilidad social acorde con sus aptitudes personales, y a la vez, le sirve de plataforma para su debido desarrollo personal, en aras de facilitarle su plena realización como miembro de una familia a la que ha de proteger y como miembro de una sociedad en la que ha de convivir. Estas dignidades, a nuestro entender, no se alcanzan con el solo hecho de “tener donde guarnecerse”, que podría ser suficiente aspiración para confirmar el alcance del derecho aquí invocado, sino que “el techo” bajo el que se vive, ha de ser seguro, estable, que sus valores repercutan en beneficio de sus tenedores y que por supuesto, disponga de las suficientes dosis de habitabilidad como para que sus moradores encuentre en el mismo su hábitat idóneo en el que proyectar sus aspiraciones de vida. Y estos requisitos de dignidad, a nuestro entender, sólo son satisfechos cuando la vivienda en cuestión se disfruta no solo en propiedad, sino en pleno dominio, porque entre ambos conceptos puede mediar un abismo de limitaciones y reservas.
Desde nuestro partido político, ACCION POR LA JUSTICIA, hemos de ser innovadores en la reivindicación de este derecho fundamental, y dada la gratitud del texto constitucional, exigiremos que los beneficios derivados de las plusvalías del suelo, bien natural por antonomasia, repercutan directamente sobre quienes socialmente más necesitados están de ser propietarios de aquella “vivienda digna” expresada en el texto constitucional. A nadie escapa la importancia que para todo ciudadano de cualquier condición, supone disfrutar de este derecho en toda su plenitud. En un esfuerzo imaginativo, nos debemos situar en el progenitor divorciado, hombre o mujer, con hijos a su cargo (habitualmente mujer), unida la circunstancia de una edad avanzada, lo que supone una extensa serie de limitaciones profesionales, decimos, y se vea en la tesitura de prescindir del que fue su domicilio conyugal y precise, claro está, de la tenencia de una nueva vivienda, a los précios actuales y tal vez décadas después de haber adquirido aquella otra que fue su primera y única vivienda, antiguo domicilio familiar. El quebranto de vida que esta persona sufre, y por añadidura sus descendientes, no merece otro calificativo más que el de “dramático”.
¿Cómo atender, en estas hipótesis, el principio constitucional al derecho de acceso a una vivienda digna?. Pocas respuestas tienen las actuales políticas urbanísticas a estos supuestos, y además, las que hay, sólo atienden la satisfacción de este derecho de forma muy limitada, restringiendo enormemente la disponibilidad libre y plena sobre la vivienda cedida, lo cual además de contribuir a un descenso en la “dignidad” de vida anteriormente alcanzada, supone una inestabilidad personal, emocional y tal vez también social que actuarán como acicate para restringirle sus posibilidades de realización personal futura, del titular de la vivienda y también de los menores a su cargo.
Este mismo recorrido casuístico hemos de orientarlo en la dirección de los ciudadanos inmigrantes (más de tres millones, censados) que se convierten por el devenir de sus vidas en residentes españoles con previsión de continuidad. A estos ciudadanos, igualmente que a los nacionales, se les debe dotar de los medios necesarios para que puedan adquirir una vivienda, para vivir dignamente como ciudadanos de bien, y ello sólo será posible si se adecuan las políticas urbanísticas al principio constitucional antes citado, pues no cabe la menor duda que a los précios actuales de la vivienda y dadas las restricciones económicas y laborales del inmigrante, acceder a aquella propiedad es algo menos que fruto de una proverbial gracia milagrosa.
En la misma tesitura se encuentran aquellos jóvenes que desean disfrutar de la emancipación familiar. ¿Es imaginable que algún recién licenciado, ejerciendo una actividad laboral al uso, pueda adquirir una vivienda en propiedad, en las circunstancias actuales, en algún lugar de España?. Este razonamiento, que omitimos extender por obvio e indiscutible, ha de ser una de las prioridades reivindicativas de nuestro proyecto político, evidentemente, porque si la acción política consiste en conseguir la satisfacción colectiva de las necesidades individuales, la vivienda es, por orden de importancia, tal vez la primera de todas insuficiencias que desde los poderes públicos se deben proporcionar a quienes la padezcan. Como antes dijimos, y nos ratificamos, sin ser propietarios en pleno dominio de una vivienda, no puede hablarse de ser tenedor de una “vivienda digna” en los términos que la C.E. nos ofrece, y esa dignidad de vida, que se alcanza con aquel pleno dominio, ha de ser el objetivo fundamental de toda política urbanística, y desde esta convicción lucharemos como partido político, para convertir un derecho cuasi utópico en una realidad perceptible a la luz de los más elementales sentidos, y por encima de todos, anteponemos el sentido de la dignidad de la persona como valor incuestionable para cuyo alcance deben quedar subordinados cualquier otro interés por legítimo que pudiera parecer.
Cordialmente:
Mariano Orta.
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
19 enero 2006
IGUALES ANTE LA LEY, DESIGUALES ANTE EL JUZGADOR.
ACCION POR LA JUSTICIA
Partido Político
Avda. Italia, 79 – 1º 21003 HUELVA. Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74
IGUALES ANTE LA LEY, DESIGUALES ANTE EL JUZGADOR.
Huelva, 19 de Enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
Por razonada convicción, además del respeto que merece el nombre de nuestro partido político, nosotros hemos de volcar nuestros esfuerzos en conseguir una sociedad justa, y esa justicia anhelada se ha de sustentar en el principio de igualdad ANTE LA LEY, por supuesto, pero también ANTE EL JUZGADOR. La ceguera de la Justicia es un sarcasmo, una gran mentira histórica con la que se nos pretende hacer creer que quien juzga resuelve con independencia de quien sea el justiciable. Mentira, mentira con toda la solemnidad que queramos darle, esta es una creencia que además de estar infectada de falsedad, contamina las conciencias de quienes ignoran la práctica habitual de los tribunales de justicia.
No vamos a aceptar la doble, y a veces múltiple, vara de medir empleada por quienes tienen la función de juzgar, y utilizan esta facultad para deshonrar a personas inocentes, mancillar débiles que caen ante las redes tramposas de la Administración de Justicia, o saciar venganzas contra quienes ya desde el principio del proceso instructor, han sido declarados “enemigos” del juez. Queremos una justicia igualitaria, limpia y previsible; exigimos que la IGUALDAD ANTE LA LEY se traduzca en una igualdad de trato judicial ante hechos iguales; no comulgamos con la aberración jurídica que supone negarle a unos el disfrute de las presunciones favorables, mientras en el mismo proceso se les otorgan a otros todas aquellas súplicas que tiene a capricho solicitar. Es temerario, y por tanto insostenible, otorgar a “los amigos y afines” la satisfacción de admitirles todas las pruebas solicitadas, mientras a la vez, a la contraparte, tildada de “adversa” por el instructor,se le niega cualquier pretensión recogida en las leyes de procedimiento, por más legítimo que sea lo solicitado y por más valioso que pudiera ser para la clarificación de los hechos enjuiciados.
Reivindicamos un respeto exquisito al principio constitucional de igualdad ante la ley; nunca vamos a tolerar una diferenciación de trato judicial según quien sea el destinatario de la sentencia, ni vamos a consentir, desde el partido político que promovemos, silenciar injusticias flagrantes atentatorias contra el principio que aquí invocamos.
Pero para que esta IGUALDAD ANTE LA LEY Y ANTE EL JUZGADOR sea un valor accesible para el ciudadano, es “sine qua nom” la adaptación de la legalidad procesal a las exigencias de una sociedad moderna, en la que aquella igualdad tenga una proyección y alcance que la haga ascender hasta la cima de quienes abusan de los poderes otorgados. También EL JUZGADOR ha de ser IGUAL ANTE LA LEY; también para quienes enjuician, y desempeñan funciones jurisdiccionales, debemos exigir que el peso de la ley recaiga sobre sus responsabilidades generadas por actuaciones dolosamente promovidas. Desde ACCION POR LA JUSTICIA ( A x J ), siempre estableceremos como norte reivindicativo el sometimiento del juzgador a los rigores del interés general, y nunca admitiremos que la pertenencia al estrato profesional que tiene el cometido social de administrar justicia, suponga la posesión de un salvoconducto que les permita dictar resoluciones tiranas a sabiendas de la impunidad que un sistema judicial perverso le garantiza al momento de exigirle “rendir cuentas” por el daño causado a la persona, fruto de una manipulación intencionada del principio de legalidad.
Hemos de ser un partido político defensor acérrimo de la legalidad establecida; hemos de acatar la legislación vigente incluso en aquellos supuestos que atenten contra nuestros más legítimos intereses, pero por este mismo principio de respeto a la soberanía intrínseca del ordenamiento jurídico, hemos de ser implacables en la exigencia de una IGUALDAD INDISCUTIBLE ante la ley, tanto para quienes son juzgados como para quienes ejercen la función de juzgar a los demás. El delito se comete cuando se vulneran con malicia intereses ajenos. No hay mayor delito social, ni debe haber mayor condena merecida, que la acción consistente en desproteger judicialmente a una víctima, ignorar procesalmente los derechos fundamentales de un ciudadano, hundir en la miseria afectiva, profesional y social a un hombre de bien, impedir el libre desarrollo de la personalidad de un ser humano o destrozarle la vida a un ciudadano ejemplar por el añadido incomprensible de haber atentado con su conducta contra los valores o creencias subjetivas de un juzgador temerario.
Haciendo partido, hacemos justicia. Defendiendo la igualdad, nos hacemos más libres.
Cordialmente:
Mariano Orta.
http://accionporlajusticia.blogspot.com/
Partido Político
Avda. Italia, 79 – 1º 21003 HUELVA. Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74
IGUALES ANTE LA LEY, DESIGUALES ANTE EL JUZGADOR.
Huelva, 19 de Enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
Por razonada convicción, además del respeto que merece el nombre de nuestro partido político, nosotros hemos de volcar nuestros esfuerzos en conseguir una sociedad justa, y esa justicia anhelada se ha de sustentar en el principio de igualdad ANTE LA LEY, por supuesto, pero también ANTE EL JUZGADOR. La ceguera de la Justicia es un sarcasmo, una gran mentira histórica con la que se nos pretende hacer creer que quien juzga resuelve con independencia de quien sea el justiciable. Mentira, mentira con toda la solemnidad que queramos darle, esta es una creencia que además de estar infectada de falsedad, contamina las conciencias de quienes ignoran la práctica habitual de los tribunales de justicia.
No vamos a aceptar la doble, y a veces múltiple, vara de medir empleada por quienes tienen la función de juzgar, y utilizan esta facultad para deshonrar a personas inocentes, mancillar débiles que caen ante las redes tramposas de la Administración de Justicia, o saciar venganzas contra quienes ya desde el principio del proceso instructor, han sido declarados “enemigos” del juez. Queremos una justicia igualitaria, limpia y previsible; exigimos que la IGUALDAD ANTE LA LEY se traduzca en una igualdad de trato judicial ante hechos iguales; no comulgamos con la aberración jurídica que supone negarle a unos el disfrute de las presunciones favorables, mientras en el mismo proceso se les otorgan a otros todas aquellas súplicas que tiene a capricho solicitar. Es temerario, y por tanto insostenible, otorgar a “los amigos y afines” la satisfacción de admitirles todas las pruebas solicitadas, mientras a la vez, a la contraparte, tildada de “adversa” por el instructor,se le niega cualquier pretensión recogida en las leyes de procedimiento, por más legítimo que sea lo solicitado y por más valioso que pudiera ser para la clarificación de los hechos enjuiciados.
Reivindicamos un respeto exquisito al principio constitucional de igualdad ante la ley; nunca vamos a tolerar una diferenciación de trato judicial según quien sea el destinatario de la sentencia, ni vamos a consentir, desde el partido político que promovemos, silenciar injusticias flagrantes atentatorias contra el principio que aquí invocamos.
Pero para que esta IGUALDAD ANTE LA LEY Y ANTE EL JUZGADOR sea un valor accesible para el ciudadano, es “sine qua nom” la adaptación de la legalidad procesal a las exigencias de una sociedad moderna, en la que aquella igualdad tenga una proyección y alcance que la haga ascender hasta la cima de quienes abusan de los poderes otorgados. También EL JUZGADOR ha de ser IGUAL ANTE LA LEY; también para quienes enjuician, y desempeñan funciones jurisdiccionales, debemos exigir que el peso de la ley recaiga sobre sus responsabilidades generadas por actuaciones dolosamente promovidas. Desde ACCION POR LA JUSTICIA ( A x J ), siempre estableceremos como norte reivindicativo el sometimiento del juzgador a los rigores del interés general, y nunca admitiremos que la pertenencia al estrato profesional que tiene el cometido social de administrar justicia, suponga la posesión de un salvoconducto que les permita dictar resoluciones tiranas a sabiendas de la impunidad que un sistema judicial perverso le garantiza al momento de exigirle “rendir cuentas” por el daño causado a la persona, fruto de una manipulación intencionada del principio de legalidad.
Hemos de ser un partido político defensor acérrimo de la legalidad establecida; hemos de acatar la legislación vigente incluso en aquellos supuestos que atenten contra nuestros más legítimos intereses, pero por este mismo principio de respeto a la soberanía intrínseca del ordenamiento jurídico, hemos de ser implacables en la exigencia de una IGUALDAD INDISCUTIBLE ante la ley, tanto para quienes son juzgados como para quienes ejercen la función de juzgar a los demás. El delito se comete cuando se vulneran con malicia intereses ajenos. No hay mayor delito social, ni debe haber mayor condena merecida, que la acción consistente en desproteger judicialmente a una víctima, ignorar procesalmente los derechos fundamentales de un ciudadano, hundir en la miseria afectiva, profesional y social a un hombre de bien, impedir el libre desarrollo de la personalidad de un ser humano o destrozarle la vida a un ciudadano ejemplar por el añadido incomprensible de haber atentado con su conducta contra los valores o creencias subjetivas de un juzgador temerario.
Haciendo partido, hacemos justicia. Defendiendo la igualdad, nos hacemos más libres.
Cordialmente:
Mariano Orta.
http://accionporlajusticia.blogspot.com/
17 enero 2006
A x J : Quienes somos y porqué nos politizamos.
ACCION POR LA JUSTICIA
PARTIDO POLITICO
Opinión personal del Presidente de la Comisión Promotora
¿Quienes somos y porqué nos politizamos?
Huelva, 15 de Diciembre de 2.005
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
Tal como vaticinamos en nuestro anterior comentario editorial, con el final de año iniciamos una nueva etapa de lucha, caracterizada como siempre por nuestro anhelo de ser dignos destinatarios de un servicio público esencial como es la Justicia. A partir de ahora, la reclamación al disfrute de este derecho ciudadano, la haremos desde el instrumento jurídico de un partido político y será con su debida conformación como conseguiremos alcanzar esas parcelas de influencia social, que nos permitan dejar de ser sujetos de escasos derechos para reconvertirnos (milagros de la política) en ciudadanos de pleno goce de aquellos principios constitucionales que hoy añoramos.
Por pedir y auspiciar JUSTICIA no se nos debe considerar gente extraña, ni mucho menos inconformistas radicales. Ni somos ni nos consideramos revolucionarios; tampoco agitadores sociales y tampoco estamos adscritos a movimientos ciudadanos con permanente espíritu de contradicción. Somos, eso sí que lo podemos asegurar, hombres y mujeres de gran dignidad, portadores de una gran autoestima que nos rebelamos contra todo aquello que suponga abuso de poder, uso malicioso del derecho, avasallamiento de principios sociales comúnmente aceptados y dueños de un amor propio que nos permite anteponer la ingratitud de luchar contra actuaciones judiciales irracionales, en sustitución del silencio resignado al que sucumben quienes careciendo de fuerza interior doblegan sus libertades ante el imparable apisonamiento del poderoso.
Somos hombres y mujeres de probada vocación por el respeto a los demás; nos distinguimos por nuestra entereza ante la adversidad y nos diferencia de otros el espíritu indomable ante lo que choca contra el sentido común y la recta razón. En ACCION POR LA JUSTICIA nos damos cita ciudadanos de bien, pero que hemos sido portadores de una mala experiencia judicial; creemos en la justicia pero desconfiamos de sus administradores; abrazamos la Constitución y acatamos el ordenamiento jurídico vigente paro nos rebelamos contra quienes dicen ser sus guardianes y lo traicionan con sus malas acciones. Quienes hemos dado el difícil paso de constituirnos en partido político, y asumimos iniciarnos en la vía de la politización personal, lo emprendemos desde nuestra alta valoración del honor individual y nos oponemos a silenciar aquellos atropellos humanitarios llevados a cabo, precisamente, por quienes tienen la obligación ineludible de evitarlos.
En el partido político ACCION POR LA JUSTICIA nos damos cita sensibilidades colectivas de todo orden, porque la INJUSTICIA carece de colores y luchar contra ella es la principal motivación que nos convoca en este apasionante proyecto. Lamentablemente, la INJUSTICIA SOCIAL provocada por actuaciones injustas de JUECES Y FISCALES, están a la orden del día. Sus frecuentes desvaríos siempre irrumpen en nuestras vidas adornados de una aparentemente pulcra legalidad, pero la experiencia vital nos advierte del mayúsculo engaño que supone ser malabarista del Derecho y equilibrista sobre el alambre de la sinrazón. La INJUSTICIA adornada de legalidad es como revivir los cuentos infantiles de caperucita, cuando aquel lobo justificaba sus grandes orejas para “oirte mejor”, sus grandes brazos “para abrazarte mejor” y sus grandes dientes… para transformar a un ciudadano decente en víctima de por vida de la malicia, codicia, voracidad y crueldad de quien se sabe impune de su actuación criminal.
Pero ante tanto evidentísimo despilfarro de derechos cívicos, no podíamos permanecer impasibles quienes tenemos vocación legalista y ambicionamos ser contrarios a los severos ataques contra el sentido común, que cada día nos depara una Administración de Justicia impulsada desde el odio al justiciable, el desprécio a sus derechos fundamentales, la anarquía actuacional de sus funcionarios togados y el permanente exhibicionismo trilero con las bolitas de legalidad de quienes pretenden hacernos creer son, por su naturaleza y esencia, virtuosos del orden, disciplinados de la ley y asepticos servidores del interés público tutelado por la ley.
En el partido político ACCION POR LA JUSTICIA nos damos cita quienes hemos descubierto una y mil veces el sucio truco judicial del fraude a la ley; sabemos de cómo instrumentan la ley para estamparla contra el derecho justo y somos sujetos pacientes y conscientes de que ante tanta malversación de principios jurídicos y valores sociales, no podemos ni debemos seguir permaneciendo impasibles, como espectadores hipnotizados de una panda de funcionarios encanallados contra quienes están obligados a otorgar protección física y tutela judicial.
No queremos, quienes aquí nos reunimos, ni la JUSTICIA del “farruquito” ni la comprensión judicial hacia el presidente de Telefónica, Cesar Alierta. Detestamos la benevolencia con el expresidente del B.B.V. Emilio Ybarra, la condescendencia con Emilio Botín, e igualmente abominamos del “humanismo judicial” con los asesinos del matrimonio joyero de Casteldefell. Detestamos actuaciones judiciales como la seguida en la catástrofe del Camping de Biescas e igualmente despreciamos la insensibilidad demostrada ante la insostenible impunidad de jóvenes delincuentes, irresponsables ante el asesinato de sus iguales y tocados por la vara mágica de la comprensión de quienes enjuician, ante la indefensión de familiares y víctimas sobrevenidas por tanta tolerancia judicial. Nos oponemos a la justicia siempre generosa para el poderoso, y nos enfrentamos ante el ensañamiento procesal contra el ciudadano débil, aquel que se ve atado de piés y manos ante la falta de medios para defenderse o ante la nula comprensión de sus aplastantes peticiones; denunciamos la forma de hacer JUSTICIA que permite encarcelar a un pastor de cabras que mató a un lagarto, o a quien se atrevió proveerse de unas plantas silvestres (poleo) para prepararse una infusión, mientras y por el contrario sesudos enjuiciadores nunca encuentran la vía idónea para el procesamiento de quienes contaminan ríos, inutilizan playas, arrasan con grandes zonas forestales especialmente protegidas, envenenan la atmósfera con gases nocivos o invaden nuestras mejores reservas con apetitos especulativos siempre insaciables.
Quienes integramos ACCION POR LA JUSTICIA, no somos ni de derechas ni de izquierdas; tampoco nos caracterizamos por ser incultos o ilustrados; en nosotros, nadie puede advertir que seamos especialmente listos o tontos. Nada de eso nos caracteriza. Unicamente nos otorga marchamo de legitimidad, ser ciudadanos honestos, valientes y decididos, que procuramos la defensa de lo nuestro ante los Tribunales de Justicia, siendo “lo nuestro” aquellas elevadas dosis de dignidad personal y respeto merecido que consideramos nos pertenece por el mero hecho de ser ciudadanos y no súbditos, personas y no números, portadores de razón y no corderos predestinados al sacrificio festivo de quienes exigen tratamiento de Señorías, visten indumentarias de inquisidores y perciben sueldos de eminentes verdugos.
Cordialmente:
Mariano Orta.
PARTIDO POLITICO
Opinión personal del Presidente de la Comisión Promotora
¿Quienes somos y porqué nos politizamos?
Huelva, 15 de Diciembre de 2.005
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
Tal como vaticinamos en nuestro anterior comentario editorial, con el final de año iniciamos una nueva etapa de lucha, caracterizada como siempre por nuestro anhelo de ser dignos destinatarios de un servicio público esencial como es la Justicia. A partir de ahora, la reclamación al disfrute de este derecho ciudadano, la haremos desde el instrumento jurídico de un partido político y será con su debida conformación como conseguiremos alcanzar esas parcelas de influencia social, que nos permitan dejar de ser sujetos de escasos derechos para reconvertirnos (milagros de la política) en ciudadanos de pleno goce de aquellos principios constitucionales que hoy añoramos.
Por pedir y auspiciar JUSTICIA no se nos debe considerar gente extraña, ni mucho menos inconformistas radicales. Ni somos ni nos consideramos revolucionarios; tampoco agitadores sociales y tampoco estamos adscritos a movimientos ciudadanos con permanente espíritu de contradicción. Somos, eso sí que lo podemos asegurar, hombres y mujeres de gran dignidad, portadores de una gran autoestima que nos rebelamos contra todo aquello que suponga abuso de poder, uso malicioso del derecho, avasallamiento de principios sociales comúnmente aceptados y dueños de un amor propio que nos permite anteponer la ingratitud de luchar contra actuaciones judiciales irracionales, en sustitución del silencio resignado al que sucumben quienes careciendo de fuerza interior doblegan sus libertades ante el imparable apisonamiento del poderoso.
Somos hombres y mujeres de probada vocación por el respeto a los demás; nos distinguimos por nuestra entereza ante la adversidad y nos diferencia de otros el espíritu indomable ante lo que choca contra el sentido común y la recta razón. En ACCION POR LA JUSTICIA nos damos cita ciudadanos de bien, pero que hemos sido portadores de una mala experiencia judicial; creemos en la justicia pero desconfiamos de sus administradores; abrazamos la Constitución y acatamos el ordenamiento jurídico vigente paro nos rebelamos contra quienes dicen ser sus guardianes y lo traicionan con sus malas acciones. Quienes hemos dado el difícil paso de constituirnos en partido político, y asumimos iniciarnos en la vía de la politización personal, lo emprendemos desde nuestra alta valoración del honor individual y nos oponemos a silenciar aquellos atropellos humanitarios llevados a cabo, precisamente, por quienes tienen la obligación ineludible de evitarlos.
En el partido político ACCION POR LA JUSTICIA nos damos cita sensibilidades colectivas de todo orden, porque la INJUSTICIA carece de colores y luchar contra ella es la principal motivación que nos convoca en este apasionante proyecto. Lamentablemente, la INJUSTICIA SOCIAL provocada por actuaciones injustas de JUECES Y FISCALES, están a la orden del día. Sus frecuentes desvaríos siempre irrumpen en nuestras vidas adornados de una aparentemente pulcra legalidad, pero la experiencia vital nos advierte del mayúsculo engaño que supone ser malabarista del Derecho y equilibrista sobre el alambre de la sinrazón. La INJUSTICIA adornada de legalidad es como revivir los cuentos infantiles de caperucita, cuando aquel lobo justificaba sus grandes orejas para “oirte mejor”, sus grandes brazos “para abrazarte mejor” y sus grandes dientes… para transformar a un ciudadano decente en víctima de por vida de la malicia, codicia, voracidad y crueldad de quien se sabe impune de su actuación criminal.
Pero ante tanto evidentísimo despilfarro de derechos cívicos, no podíamos permanecer impasibles quienes tenemos vocación legalista y ambicionamos ser contrarios a los severos ataques contra el sentido común, que cada día nos depara una Administración de Justicia impulsada desde el odio al justiciable, el desprécio a sus derechos fundamentales, la anarquía actuacional de sus funcionarios togados y el permanente exhibicionismo trilero con las bolitas de legalidad de quienes pretenden hacernos creer son, por su naturaleza y esencia, virtuosos del orden, disciplinados de la ley y asepticos servidores del interés público tutelado por la ley.
En el partido político ACCION POR LA JUSTICIA nos damos cita quienes hemos descubierto una y mil veces el sucio truco judicial del fraude a la ley; sabemos de cómo instrumentan la ley para estamparla contra el derecho justo y somos sujetos pacientes y conscientes de que ante tanta malversación de principios jurídicos y valores sociales, no podemos ni debemos seguir permaneciendo impasibles, como espectadores hipnotizados de una panda de funcionarios encanallados contra quienes están obligados a otorgar protección física y tutela judicial.
No queremos, quienes aquí nos reunimos, ni la JUSTICIA del “farruquito” ni la comprensión judicial hacia el presidente de Telefónica, Cesar Alierta. Detestamos la benevolencia con el expresidente del B.B.V. Emilio Ybarra, la condescendencia con Emilio Botín, e igualmente abominamos del “humanismo judicial” con los asesinos del matrimonio joyero de Casteldefell. Detestamos actuaciones judiciales como la seguida en la catástrofe del Camping de Biescas e igualmente despreciamos la insensibilidad demostrada ante la insostenible impunidad de jóvenes delincuentes, irresponsables ante el asesinato de sus iguales y tocados por la vara mágica de la comprensión de quienes enjuician, ante la indefensión de familiares y víctimas sobrevenidas por tanta tolerancia judicial. Nos oponemos a la justicia siempre generosa para el poderoso, y nos enfrentamos ante el ensañamiento procesal contra el ciudadano débil, aquel que se ve atado de piés y manos ante la falta de medios para defenderse o ante la nula comprensión de sus aplastantes peticiones; denunciamos la forma de hacer JUSTICIA que permite encarcelar a un pastor de cabras que mató a un lagarto, o a quien se atrevió proveerse de unas plantas silvestres (poleo) para prepararse una infusión, mientras y por el contrario sesudos enjuiciadores nunca encuentran la vía idónea para el procesamiento de quienes contaminan ríos, inutilizan playas, arrasan con grandes zonas forestales especialmente protegidas, envenenan la atmósfera con gases nocivos o invaden nuestras mejores reservas con apetitos especulativos siempre insaciables.
Quienes integramos ACCION POR LA JUSTICIA, no somos ni de derechas ni de izquierdas; tampoco nos caracterizamos por ser incultos o ilustrados; en nosotros, nadie puede advertir que seamos especialmente listos o tontos. Nada de eso nos caracteriza. Unicamente nos otorga marchamo de legitimidad, ser ciudadanos honestos, valientes y decididos, que procuramos la defensa de lo nuestro ante los Tribunales de Justicia, siendo “lo nuestro” aquellas elevadas dosis de dignidad personal y respeto merecido que consideramos nos pertenece por el mero hecho de ser ciudadanos y no súbditos, personas y no números, portadores de razón y no corderos predestinados al sacrificio festivo de quienes exigen tratamiento de Señorías, visten indumentarias de inquisidores y perciben sueldos de eminentes verdugos.
Cordialmente:
Mariano Orta.
LA POLITICA NOS REPELE, PERO LA INJUSTICIA NOS INDIGNA.
ACCION POR LA JUSTICIA
Partido Político.
www.accionporlajusticia.blogspot.com
Avda. de Italia, 79 – 1º 21003 HUELVA. Tlno. 959.24.29.90 – Móvil 606.06.68.74
LA POLÍTICA NOS REPELE, PERO LA INJUSTICIA NOS INDIGNA.
Huelva, 17 de Enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
En este primer comentario editorial del año que empieza, quiero agradecer las muestras de preocupación generada con nuestro prolongado silencio. Problemas surgidos con nuestra web habitual, necesidades de adaptación a la legalidad derivada de la acción partidista y los imponderables lógicos que la Red nos exige acatar en esta nueva etapa de lucha, han sido los elementos decisorios que han generado dicho silencio, totalmente contrario a nuestra voluntad, aunque necesario admitirlo por los imponderables citados.
La pregunta más frecuente a la que hemos de dar respuesta, es si de verdad nosotros tenemos o no vocación política, es decir, si estamos o no pertrechados de los factores convencionales necesarios para enfrascarnos en la lucha política desde el contexto de un partido; si tenemos madera para soportar el ataque cotidiano al que está sometida la acción política y si seremos capaces de “aguantar el tipo” ante las críticas adversas, casi siempre destructivas, de quienes perteneciendo a organizaciones distintas nos pretenderán hundirnos para evitar una pérdida de su actual poder en la “jungla” partidista.
Que nadie se lleve a engaño: NOS REPELE LA POLITICA; desconfiamos de la palabra dada por los actuales profesionales de la política; nunca fuimos personas ejercientes como militantes activos de ninguna otra organización política. Tampoco nos caracterizamos por ser aspirantes al ejercicio de ningún tipo de poder sobre la colectividad, ni conforma nuestro ideario ser afines a los clásicos convencionalismos ideológicos identificados con la tenencia o ausencia de medios de producción, el aferramiento a principios discriminadores engarzados con el lugar de nacimiento ni somos personas que apostemos por la prevalencia de ningún tipo de clase social sobre otras, ya sea desde la óptica de las afinidades culturales, territoriales, económicas, ni de raza, religión o lengua.
Es cierto, quienes emprendemos esta aventura de crear un partido político lo hacemos, primera y fundamentalmente, porque nos sentimos marginados por el actual sistema político, en el que se desoyen los derechos de las víctimas; se le otorga impunidades escandalosas a quienes ostentan oligarquicamente las riendas del poder social con capacidades decisorias y pisotean los derechos fundamentales de los estratos sociales menos privilegiados, ya sea por razones de sexo, edad, capacitación profesional o disponibilidad de medios para el intercambio chantajista. Pertenecemos a ese estamento social que en el Derecho Romano se identificaba con la plebe; somos hombres y mujeres que sentimos en nuestro interior la rabia de ser víctimas abandonadas a la suerte del destino por parte de un sistema judicial en el que prepondera el engaño resolutorio sobre la cordura actuacional esperada y se nos exige adoptar actitudes personales de respeto reverencial a quienes deberían ser perseguidos como tiranos sin escrúpulos, traidores sin conciencia, verdugos sin alma, sujetos sin pudor o sicarios sin principios amparados en su condición de selectiva clase funcionarial para su propio servicio.
No nos gusta la lucha política, ni es de nuestro agrado pertenecer a ningún partido político. Ojalá que nuestro programa, en fase de redacción, fuese acogido por otras organizaciones políticas y lo hicieran suyo, para de ese modo justificar nuestra retirada de la escena de la disputa entre el deber ser y el hacer indebido. Nos aferramos a tres principios básicos, que guiarán toda nuestras acciones presentes y futuras: exigimos una justicia de los tribunales acorde con los sentimientos dominantes de justicia social; exigimos el derecho al goce de una vivienda digna en condiciones de igualdad de oportunidades con quienes son los sujetos económicos privilegiados por la economía de mercado, y exigimos, con la misma fuerza de convicción, el derecho a ser miembros de una unidad familiar en la que se respeten de por vida la fuerza adhesiva, afectiva y solidaria entre los miembros enlazados por vínculos de sangre.
JUSTICIA, VIVIENDA Y FAMILIA, han de ser los ámbitos jurídicos y políticos en los que centralizaremos el esfuerzo inicial de nuestras actividades públicas como partido de reciente creación; no estamos dispuestos a seguir consumiendo nuestras vidas desde la marginación jurídica del paria al que se le niega la tutela judicial, ni estamos dispuestos a seguir siendo por más tiempo ciudadanos a quienes se nos impiden gozar de una vida plena en su desarrollo y posibilidades por ser esclavos dependientes del yugo opresor que supone haber aspirado al disfrute de una vivienda digna, que nos absorbe totalmente nuestros mejores recursos disponibles y nos limita operativamente para compatibilizar aquel derecho fundamental con los de una conciliación familiar satisfactoria, un ocio merecido, un nivel cultural acorde con nuestras potencialidades y unas posibilidades de promoción personal ajustadas al principio universal de igualdad de oportunidades.
Pero si el derecho al disfrute de una JUSTICIA JUSTA se enlaza indefectiblemente con el de una vivienda digna, alejada del vicio capitalista de la deshumanización de las leyes del mercado, no menos significativo y necesario es reclamar el más profundo respeto a las identidades y peculiaridades familiares nucleadas en el modelo de familia que cada cual eligió en un momento dado de su vida. La protección a la familia que exigimos desde el partido político ACCION POR LA JUSTICIA, entronca con el respeto jurídico, político, judicial y social que teniendo su fuente en el principio de no discriminación por razón de sexo, se encauza por la senda protectora de los valores sociales tradicionales de solidaridad entre los componentes de la unidad familiar, interdependencia afectiva de sus miembros, evitación de tratos inhumanos o degradantes de unos para con otros, disponibilidad de medios públicos para que el derecho al libre desarrollo de la personalidad de sus integrantes deje de ser un ideal fatuo para reconvertirlo en un bien tangible, que permita a cada uno de dichos miembros dar de sí lo mejor de ellos mismos y aportar al conjunto los más valiosos de sus conocimientos, experiencias y resultados de los esfuerzos individuales cotidianos. Nuestro ideal de familia es aquel en el que conviven indisolublemente padres e hijos, jóvenes y ancianos, asistentes y asistidos, progenitores y descendientes; pero como quiera que este ideal de familia requiere de medios materiales para poderlos disfrutar, optamos desde ACCION POR LA JUSTICIA porque la tenencia y disfrute de una vivienda digna, sea un elemento intrínseco de aquel ideal de JUSTICIA SOCIAL que se define en nuestro texto constitucional y que tiene su fuente de inspiración en las declaraciones universales de derechos cívicos.
No obstante lo anterior, en ACCION POR LA JUSTICIA también nos preocupa otras facetas en las que se desenvuelve la vida ordinaria, como el respeto y protección merecida para con los recursos naturales; anhelamos que las disposiciones urbanizadoras tengan siempre en cuenta el derecho ciudadano a vivir en ciudades seguras ante la delincuencia, saludables ante los elementos contaminantes y humanizadas ante la avaricia especulativa de agentes insolidarios. Nos preocupa los derechos de los inmigrantes, la eficacia del sistema público de pensiones, la racionalidad y efectividad de la asistencia sanitaria pública y la atención preferente que debemos prestar a nuestra infancia y juventud, en aras de conseguir que ellos puedan gozar de una formación cultural y profesional que les capacite para integrarse con posibilidades de éxito en un mercado laboral competitivo y evolutivo según las pautas exigidas por las sociedades modernas.
Pero si de algo nos hemos de distinguir, y si en algo nos habremos de caracterizar como partido político, es en evidenciar indudablemente que nos incorporamos a la vida política porque somos ciudadanos insatisfechos con el actuar ordinario de las fuerzas políticas imperantes, y como tales, sufrimos en nuestras vidas los amargos sinsabores de una INJUSTICIA SOCIAL que en ningún caso estamos dispuestos a seguir soportando por más tiempo, aunque para evitarla sea necesario lanzarnos a la calle, e invadir las plazas y avenidas con un grito reivindicativo que tendiendo por fuentes a la LIBERTAD, JUSTICIA E IGUALDAD, nos disponga de los bienes jurídicos que actualmente se nos priva ilegítimamente. A su vez, reivindicamos que se nos permita conseguir esa dignidad merecida que como ciudadanos y como personas demandamos desde el mismo momento que se nos obliga acatar aquellos principios constitucionales que emanan del idílico ESTADO DE DERECHO.
Cordialmente:
Mariano Orta.
http://www.accionporlajusticia.blogspot.com/
Partido Político.
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Avda. de Italia, 79 – 1º 21003 HUELVA. Tlno. 959.24.29.90 – Móvil 606.06.68.74
LA POLÍTICA NOS REPELE, PERO LA INJUSTICIA NOS INDIGNA.
Huelva, 17 de Enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
En este primer comentario editorial del año que empieza, quiero agradecer las muestras de preocupación generada con nuestro prolongado silencio. Problemas surgidos con nuestra web habitual, necesidades de adaptación a la legalidad derivada de la acción partidista y los imponderables lógicos que la Red nos exige acatar en esta nueva etapa de lucha, han sido los elementos decisorios que han generado dicho silencio, totalmente contrario a nuestra voluntad, aunque necesario admitirlo por los imponderables citados.
La pregunta más frecuente a la que hemos de dar respuesta, es si de verdad nosotros tenemos o no vocación política, es decir, si estamos o no pertrechados de los factores convencionales necesarios para enfrascarnos en la lucha política desde el contexto de un partido; si tenemos madera para soportar el ataque cotidiano al que está sometida la acción política y si seremos capaces de “aguantar el tipo” ante las críticas adversas, casi siempre destructivas, de quienes perteneciendo a organizaciones distintas nos pretenderán hundirnos para evitar una pérdida de su actual poder en la “jungla” partidista.
Que nadie se lleve a engaño: NOS REPELE LA POLITICA; desconfiamos de la palabra dada por los actuales profesionales de la política; nunca fuimos personas ejercientes como militantes activos de ninguna otra organización política. Tampoco nos caracterizamos por ser aspirantes al ejercicio de ningún tipo de poder sobre la colectividad, ni conforma nuestro ideario ser afines a los clásicos convencionalismos ideológicos identificados con la tenencia o ausencia de medios de producción, el aferramiento a principios discriminadores engarzados con el lugar de nacimiento ni somos personas que apostemos por la prevalencia de ningún tipo de clase social sobre otras, ya sea desde la óptica de las afinidades culturales, territoriales, económicas, ni de raza, religión o lengua.
Es cierto, quienes emprendemos esta aventura de crear un partido político lo hacemos, primera y fundamentalmente, porque nos sentimos marginados por el actual sistema político, en el que se desoyen los derechos de las víctimas; se le otorga impunidades escandalosas a quienes ostentan oligarquicamente las riendas del poder social con capacidades decisorias y pisotean los derechos fundamentales de los estratos sociales menos privilegiados, ya sea por razones de sexo, edad, capacitación profesional o disponibilidad de medios para el intercambio chantajista. Pertenecemos a ese estamento social que en el Derecho Romano se identificaba con la plebe; somos hombres y mujeres que sentimos en nuestro interior la rabia de ser víctimas abandonadas a la suerte del destino por parte de un sistema judicial en el que prepondera el engaño resolutorio sobre la cordura actuacional esperada y se nos exige adoptar actitudes personales de respeto reverencial a quienes deberían ser perseguidos como tiranos sin escrúpulos, traidores sin conciencia, verdugos sin alma, sujetos sin pudor o sicarios sin principios amparados en su condición de selectiva clase funcionarial para su propio servicio.
No nos gusta la lucha política, ni es de nuestro agrado pertenecer a ningún partido político. Ojalá que nuestro programa, en fase de redacción, fuese acogido por otras organizaciones políticas y lo hicieran suyo, para de ese modo justificar nuestra retirada de la escena de la disputa entre el deber ser y el hacer indebido. Nos aferramos a tres principios básicos, que guiarán toda nuestras acciones presentes y futuras: exigimos una justicia de los tribunales acorde con los sentimientos dominantes de justicia social; exigimos el derecho al goce de una vivienda digna en condiciones de igualdad de oportunidades con quienes son los sujetos económicos privilegiados por la economía de mercado, y exigimos, con la misma fuerza de convicción, el derecho a ser miembros de una unidad familiar en la que se respeten de por vida la fuerza adhesiva, afectiva y solidaria entre los miembros enlazados por vínculos de sangre.
JUSTICIA, VIVIENDA Y FAMILIA, han de ser los ámbitos jurídicos y políticos en los que centralizaremos el esfuerzo inicial de nuestras actividades públicas como partido de reciente creación; no estamos dispuestos a seguir consumiendo nuestras vidas desde la marginación jurídica del paria al que se le niega la tutela judicial, ni estamos dispuestos a seguir siendo por más tiempo ciudadanos a quienes se nos impiden gozar de una vida plena en su desarrollo y posibilidades por ser esclavos dependientes del yugo opresor que supone haber aspirado al disfrute de una vivienda digna, que nos absorbe totalmente nuestros mejores recursos disponibles y nos limita operativamente para compatibilizar aquel derecho fundamental con los de una conciliación familiar satisfactoria, un ocio merecido, un nivel cultural acorde con nuestras potencialidades y unas posibilidades de promoción personal ajustadas al principio universal de igualdad de oportunidades.
Pero si el derecho al disfrute de una JUSTICIA JUSTA se enlaza indefectiblemente con el de una vivienda digna, alejada del vicio capitalista de la deshumanización de las leyes del mercado, no menos significativo y necesario es reclamar el más profundo respeto a las identidades y peculiaridades familiares nucleadas en el modelo de familia que cada cual eligió en un momento dado de su vida. La protección a la familia que exigimos desde el partido político ACCION POR LA JUSTICIA, entronca con el respeto jurídico, político, judicial y social que teniendo su fuente en el principio de no discriminación por razón de sexo, se encauza por la senda protectora de los valores sociales tradicionales de solidaridad entre los componentes de la unidad familiar, interdependencia afectiva de sus miembros, evitación de tratos inhumanos o degradantes de unos para con otros, disponibilidad de medios públicos para que el derecho al libre desarrollo de la personalidad de sus integrantes deje de ser un ideal fatuo para reconvertirlo en un bien tangible, que permita a cada uno de dichos miembros dar de sí lo mejor de ellos mismos y aportar al conjunto los más valiosos de sus conocimientos, experiencias y resultados de los esfuerzos individuales cotidianos. Nuestro ideal de familia es aquel en el que conviven indisolublemente padres e hijos, jóvenes y ancianos, asistentes y asistidos, progenitores y descendientes; pero como quiera que este ideal de familia requiere de medios materiales para poderlos disfrutar, optamos desde ACCION POR LA JUSTICIA porque la tenencia y disfrute de una vivienda digna, sea un elemento intrínseco de aquel ideal de JUSTICIA SOCIAL que se define en nuestro texto constitucional y que tiene su fuente de inspiración en las declaraciones universales de derechos cívicos.
No obstante lo anterior, en ACCION POR LA JUSTICIA también nos preocupa otras facetas en las que se desenvuelve la vida ordinaria, como el respeto y protección merecida para con los recursos naturales; anhelamos que las disposiciones urbanizadoras tengan siempre en cuenta el derecho ciudadano a vivir en ciudades seguras ante la delincuencia, saludables ante los elementos contaminantes y humanizadas ante la avaricia especulativa de agentes insolidarios. Nos preocupa los derechos de los inmigrantes, la eficacia del sistema público de pensiones, la racionalidad y efectividad de la asistencia sanitaria pública y la atención preferente que debemos prestar a nuestra infancia y juventud, en aras de conseguir que ellos puedan gozar de una formación cultural y profesional que les capacite para integrarse con posibilidades de éxito en un mercado laboral competitivo y evolutivo según las pautas exigidas por las sociedades modernas.
Pero si de algo nos hemos de distinguir, y si en algo nos habremos de caracterizar como partido político, es en evidenciar indudablemente que nos incorporamos a la vida política porque somos ciudadanos insatisfechos con el actuar ordinario de las fuerzas políticas imperantes, y como tales, sufrimos en nuestras vidas los amargos sinsabores de una INJUSTICIA SOCIAL que en ningún caso estamos dispuestos a seguir soportando por más tiempo, aunque para evitarla sea necesario lanzarnos a la calle, e invadir las plazas y avenidas con un grito reivindicativo que tendiendo por fuentes a la LIBERTAD, JUSTICIA E IGUALDAD, nos disponga de los bienes jurídicos que actualmente se nos priva ilegítimamente. A su vez, reivindicamos que se nos permita conseguir esa dignidad merecida que como ciudadanos y como personas demandamos desde el mismo momento que se nos obliga acatar aquellos principios constitucionales que emanan del idílico ESTADO DE DERECHO.
Cordialmente:
Mariano Orta.
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