RESPONSABILIDAD DE JUECES Y FISCALES EN LA CAUSACION DEL DAÑO AL NIÑO

ACCION POR LA JUSTICIA
Partido Politico AxJ
www.papahuelva.org
Avda. Italia, 79 – 1º 21003 – HUELVA Tlno. 959.24.29.90 Móvil 606.06.68.74




RESPONSABILIDAD DE JUECES Y FISCALES
EN LA CAUSACIÓN DEL DAÑO AL NIÑO


Huelva, 20 de marzo de 2.006

Militantes del partido, simpatizantes y afines:

La alarma social que ha generado la noticia del maltrato físico sufrido por la niña barcelonesa Alba, no debe pasar como un hecho intrascendente a la hora de identificar a los verdaderos responsables que pudieron evitar, en su momento, que esta niña de sólo 5 añitos haya sido víctima de una bárbara paliza que la tenga postrada en una U.C.I. del Hospital Valle del Hebrón, al borde de la muerte. Aquí hay que identificar con nombres y apellidos a quienes desde instancias judiciales pudieron evitar esta tragedia y no la evitaron. El padre biológico de la niña, ya lo advirtió en sede judicial y no se le hizo ni “puñetero caso”, denunciando en su momento que su hija estaba en situación de RIESGO. Por el contrario, sí que se le abrieron a este pobre hombre Diligencias Prévias, que le llevaron a dormir dos noches en calabozos policiales, por una denuncia falsa interpuesta por la madre de la niña, denuncia a la que el Juzgado de Malos Tratos le creyó con disciplina samaritana. Lo que denunció el padre, por el contrario, al ser “palabra de hombre”, es el equivalente al ladrido de un perro. La “palabra de mujer”, en estos contextos, tiene el rango de expresión manifestada por fedatario público. Y esto, además de ser contrario a verdades universalmente asumidas, ocasiona DAÑOS A TERCEROS de los que hay que responder, civil y penalmente, sobre todo cuando el DAÑO CAUSADO es un grave atentado contra la vida y la negligencia o actuación omitida procede de quien tiene asumidas funciones de GARANTE DE LA VÍCTIMA.

De distinta gravedad, pero de análoga sinrazón, ha sido la trayectoria judicial que se siguió con los hijos de Ana Fernandez, madre de IVAN y SARA, a quien la Audiencia Provincial de Sevilla evaluó el daño causado por los alejamientos maternales sufridos en la cifra de 1,4 millones de Euros. ¿Quién paga esta suma de dinero, conceptuada como PAGO INDEMNIZATORIO por un daño institucional causado? . En principio, lo pagaremos entre todos, serán fondos del erario público, pero hemos de preguntarnos: ¿Es que acaso TODA LA COLECTIVIDAD es responsable de dicho daño causado? . ¿Y si así es, para qué tenemos, entonces, a esa estirpe de privilegiados funcionarios que dicen servir al INTERES GENERAL desde la Administración de Justicia, y que tienen legalmente asumido en sus funciones el principio de RESPONSABILIDAD por irregularidades cometidas en el desempeño de sus cometidos?. Tanto en éste como en aquél disparate actuacional, debe pagar, con todas sus consecuencias, EL JUEZ Y FISCAL que pudiendo evitar los mencionados HECHOS TRÁGICOS, no lo evitaron; y no nos vengan con arengas y milongas de eludir responsabilidades, porque de IRRESPONSABLES están los Palacios de Justicia llenos a rebosar; de CUENTISTAS TRINCONES están over-booking los servicios de atención al niño de las Consejerías de Asuntos Sociales y de profesionales de la toga y las puñetas, especializados en “ignorar” los DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA, se cuentan por centenares, se les localizan presidiendo con teatralidad circunstancial los plenarios y ejercen la acusación en casi todos aquellos juzgados de corte inquisitorial genéricamente conocidos como de MALTRATO A LA MUJER, incluida la mujer CHANTAJISTA, la MALTRATADORA, la falsa denunciante, la traidora a sus propios hijos, la desvergonzada, etc., etc., etc.

Aquí, a la hora de condenar a un hombre, a un padre, o a un niño en edad de infancia, toda la retahíla de chupópteros, buitres y estafadores creada por la INDUSTRIA DEL MALTRATO se apuntan el tanto, como quien vence en una batalla de tanques contra tirachinas. Ellos manejando el tanque, claro está, como requieren los códigos del BUEN COBARDE. El indefenso, el padre a quien se le niega el derecho a SER CREIDO y el niño al que se le niega el derecho a SER OIDO, se han de morder sus propias entrañas y resignarse a obedecer una condena infame, amparada por una legislación fascistoide y dictada con el espíritu genocida de los más grandes criminales que periódicamente se repiten durante la historia de la humanidad. A estas alturas de nuestras experiencias, el genocidio de HERODES se queda en pañales ante lo que estamos viendo cada día fundamentado en la aplicación procesal del Artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, aquel que dice que “EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, PREVALECERÁ ANTES Y POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO INTERÉS EN COFLICTO”. Tururú, tururú, tururú, tururú…

El sitio, la sede institucional donde más se vulnera a sabiendas y a cada instante el denominado INTERES SUPERIOR DEL NIÑO es, precisamente, donde dicen más se les han de proteger: en los Juzgado de “violencia de género”. Y en segundo lugar de esta macabra clasificación, lo ocupan los JUZGADOS DE FAMILIA; en tercer lugar se sitúan las Consejerías de Asuntos Sociales, los equipos Psico_Sociales adscritos a los juzgados… y podríamos terminar con las concejalías de Infancia, Igualdad y otras sandeces que también chupan de presupuestos públicos, esta vez municipales, y donde UN NIÑO no es un SUJETO DE DERECHOS sino un negocio boyante para quienes se dedican a malearlo, transformarlo, interrogarlo, martirizarlo, y a la postre… dejarlo HUERFANO DE PADRE, que es la única dirección en la que están incardinados todos, absolutamente todos, los servicios de atención al niño existentes en nuestro país. Todos; desde el Juzgado competente en materia de infancia y familia, hasta la más humilde dependencia de cualquier concejalía, todos, absolutamente todos estos servicios públicos mangoneados por intereses privados, llevan siempre en sus actuaciones la misma dirección: EL ESTADO IDEAL DEL NIÑO ES HUERFANO DE PADRE.

No digamos, ante este panorama, descrito con total realismo y sin concesiones a la exageración, en qué posición de defensa quedan LOS PADRES que quieran emprender acciones judiciales tendentes al resarcimiento del daño causado a nuestros hijos. Si por principio se nos niegan incluso el disfrute de ese derecho natural que nace de la paternidad biológica, que nos digan doctos en leyes cómo, de qué manera, podemos remontar todos los obstáculos que se nos colocan en el camino para exigir responsabilidades civiles y penales de quienes intervinieron, trincaron, se enriquecieron y dilapidaron bienes jurídicos pertenecientes a la esfera jurídica del niño.

¿Cómo podemos HACER JUSTICIA para quienes cada día atentan impunemente contra los derechos e intereses de nuestros hijos? . ¿Cómo podemos perseguir el MALTRATO INSTITUCIONAL contra la infancia, causado con la falsa excusa de criterios proteccionistas pero ejercido a cambio de torticeros enriquecimientos personales? . La tarea es ardua, pero el reto no deja de ser menos apasionante. Aquí, quienes la han hecho, la deben pagar, porque en eso consiste la ACCION DE LA JUSTICIA, en dar a cada uno lo suyo, y a quienes se les ha quitado su vida, su felicidad, sus proyectos de futuro y se les ha impedido disfrutar del derecho al libre desarrollo de su personalidad, deben SER REPARADOS por el daño causado. Dejémonos ya de impunidades grotescas, amparadas en corporativismos trasnochados, fuente de sufrimientos inhumanos y métodos seguros de percepción de dividendos a cambio de DESTROZAR VIDAS en edades tempranas.

Quienes desde la Administración de Justicia aceptan ejercer de JUEZ o FISCAL, se regocija de principios de INAMOVILIDAD e INDEPENDENCIA; se valen de todos los medios imaginables, a su disposición, para supuestamente dedicarlos a PROTEGER AL DEBIL ; aceptan con vanidad infinita ser considerados AUTORIDAD, que es el equivalente a desempeñar el Don de ser superior a los demás y a la vez PROTECTOR DE LOS INFERIORES; se dan baños de soberbia con las indumentarias utilizadas, que no tienen otro fin que “amedrentar a los inferiores”, y se pertrechan de poderes tan privilegiados como aquellos conocidos por el apelativo de TUTELA JUDICIAL, POTESTAD JURISDICCIONAL, IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD… y no se cuantos epítetos más, a esta gente, que además se dedican profesionalmente a “proteger” y lo hacen gozando de todas las garantías y prebendas inalcanzables para el común de los mortales, a esta gente, decimos, hay que exigirles RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL por el daño causado a nuestros hijos, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, y hemos de hacerles pagar, civilmente, con sus RECURSOS PERSONALES y penalmente en función del grado de malicia, hábito y efectos causados por sus fechorías, abusos, barbaridades y tropelías llevadas a cabo A SABIENDAS de su improcedencia y con pleno conocimiento de su ilegitimidad moral.

Queremos, exigimos, la sociedad reclama y el INTERES GENERAL necesita, que aquellos funcionarios de la Administración de Justicia que desempeñan funciones de JUEZ o FISCAL, tengan y se vean sometidos por sus actos, a los mismos rigores de exigencia de RESPONSABILIDAD de cualquier otro ciudadano, sea o no funcionario público. Queremos, exigimos, la sociedad reclama y el INTERES GENERAL necesita, que el delito de PREVARICACION JUDICIAL tenga una nueva regulación en el Código Penal, de tal modo que sea EL TRIBUNAL DEL JURADO el órgano jurisdiccional competente para dirimir las responsabilidades de todo tipo en las que hayan podido incurrir JUECES y FISCALES en el ejercicio de sus cargos. Y para mayor garantía de eficacia procesal, pedimos, exigimos, la sociedad reclama y el INTERES GENERAL necesita, que la instrucción de aquellos procedimientos incoados por la comisión de posibles delitos de PREVARICACION JUDICIAL, sean asumidos por el DEFENSOR DEL PUEBLO, y que de dicha instrucción y enjuiciamiento queden totalmente apartados otros JUECES y FISCALES, “colegas” al fin y al cabo, pues la experiencia tiene más que archidemostrado que LA IMPUNIDAD de la que gozan determinados jueces y fiscales habituados a prevaricar sin pudor ni conciencia profesional, deben ser “ipso facto” reprimida mediante la utilización de métodos garantistas para el ciudadano, la víctima, el sujeto desgraciado en vida por aquel “irresponsable” de sus actos pero ávido de sabiduría para gozar de sus envidiables privilegios.

Y será a partir de que el delito de PREVARICACION JUDICIAL pueda ser perseguido con las debidas transparencias e indemnidades, cuando en este país empezaremos a ver cómo se resarcen los DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA INFANCIA tan vilmente humillados por quienes están obligados a procurar su defensa y promoción. Si la PREVARICACION JUDICIAL se persiguiera del modo que reivindicamos, estamos seguros, segurísimos, que a día de hoy el JUEZ o FISCAL que dieron la orden de detención del padre de Alba, estaría ya buscando refugio en Panamá. Del mismo modo, aquel Juez especialista en MALOS TRATOS que dejó de actuar cuando la niña fue llevada al hospital con un brazo partido, estaría procurándose en estos momentos un centenar de excusas para justificar su criminal negligencia. No digamos, si hiciésemos un esfuerzo de imaginación y las circunstancias nos permitieran emprender acciones colectivas contra aquellos JUECES Y FISCALES que han intervenido como COOPERADORES NECESARIOS del SINDROME DE ALIENACION PARENTAL que sufren cada año más de 20.000 niños que tienen la desgracia de ser hijos de MALAS MADRES, a las que desde los distintos juzgados se les apoya, protege y promociona. Sería entonces, será, porque creo que llegaremos a verlo, cuando por fín en la Asociación “papahuelva” podremos gritar de alegría colectiva y proclamar sin tapujos que por fín, llegó la hora de las victimas del CRIMEN JUDICIAL empecemos a creer en las virtudes y valores de un verdadero ESTADO DE DERECHO.

Para defender estas tesis reivindicativas, para hacer prevalecer los derechos que actualmente se les niegan a nuestros hijos, para exigir se nos devuelvan la dignidad de hombres y padres que nos han usurpado mediante actuaciones judiciales maliciosas, estamos llamados a acudir al MITIN ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA, en Madrid, el próximo día 27 de Marzo, lunes, a las 11,30 horas.

Cordialmente:

Mariano Orta.


PROXIMA CONVOCATORIA.
MOTIVACION Y AUTORIZACIÓN GUBERNATIVA.

El próximo lunes día 27 de marzo, la Asociación "papahuelva" tiene convocado, y autorizado, la celebración de un MITIN ante el MINISTERIO DE JUSTICIA, en Madrid, en el que además de diversas reivindicaciones, se expresará el apoyo manifiesto de ésta Asociación a las iniciativas legislativas del Ministro Lopez Aguilar, en materia de reforma y adecuación a los tiempos de la Administración de Justicia. Al evento se adhiere el Partido Político ACCION POR LA JUSTICIA.

Para conocer el contenido del EDITORIAL dedicado a esta convocatoria y los motivos internos que nos impulsan a su celebración, recomendamos picar en el siguiente enlace:

http://www.papa-huelva.org/27032006_auto_mitin_madrid.html

Cordialmente:

Mariano Orta.