LA VIVIENDA ES VIDA

ACCION POR LA JUSTICIA
Partido político
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LA VIVIENDA ES VIDA


Huelva, 22 de enero de 2.006

Compañeros de partido, simpatizantes y afines:

En estos días estamos conociendo las cifras correspondientes a la economía nacional durante el pasado año. Tras su lectura, se confirma nuestra tesis política, incardinada a la necesidad de promover las medidas necesarias que hagan factible que todo ciudadano en edad laboral pueda disponer de una vivienda digna, y recordemos que la plenitud de dicha “dignidad” se adquiere gozando de la condición de propietario, en pleno dominio, de aquella vivienda. No nos convencen los planes del Ministerio de la Vivienda, más preocupados por incentivar el alquiler que en reducir los inconvenientes para la compra de la primera vivienda.

Una vivienda es algo más que el sitio donde se reside, ya sea domicilio habitual o accidental; ser propietario de una vivienda supone disponer de un patrimonio en permanente revalorización, que le permite a su tenedor mantener o incrementar en el tiempo el poder adquisitivo de los desembolsos realizados para su adquisición, y además, dicha disponibilidad, recordemos que en pleno dominio, le atribuye a su propietario una solvencia en términos de capacidad crediticia que le abre las puertas del mercado bancario, con las ventajas que ello supone para quienes desean poner en práctica proyectos de vida centrados en la autonomía profesional. Y esta ventaja añadida a la mera satisfacción de la necesidad de habitar en un domicilio determinado, es un elemento que favorece decisivamente la elevación del nivel de vida de su titular y, por derivación, se le dota de este modo del tal vez principal objetivo de toda política económica: contribuir a mejorar el nivel y calidad de vida de los ciudadanos, permitiéndoles satisfacer sus necesidades primarias.

Durante 2.005, el incremento del précio de la vivienda libre ha sido, de media nacional, un 13 por 100, lo que equivale a triplicar el índice de inflación anual (3,7 % ), y esto se traduce, simplemente, en que quienes son propietarios de vivienda, han acumulado un capital disponible al margen de las rentas de su trabajo que le garantizan, de ahora y para siempre, un colchón de estabilidad económica imprescindible para afrontar con éxito cualquier coyuntura desfavorable. Somos partidarios de enriquecer al ciudadano; no nos han de doler prendas al reconocer y exigir que las plusvalías generadas por el mercado inmobiliario, deben repercutir en beneficio de los estamentos sociales más desfavorecidos, y este desvío de los beneficios sociales, sólo podrán llevarse a cabo promoviendo medidas que permitan acceder con facilidad al status de propietario, al menos, de una primera vivienda. Nos aferramos al principio constitucional implícito en el artículo 47 de la C.E., y lo decimos de este modo y con esta rotundidad, porque somos conscientes de que tanto nuestra juventud como otros estamentos sociales especialmente necesitados de protección (inmigrantes, padres y madres separados, minusválidos o personas dependientes) deben poder acceder con total facilidad a la disposición en propiedad de una primera vivienda.

A esta reivindicación de nuestro partido político ACCION POR LA JUSTICIA, no debe dársele una interpretación laxa, sino todo lo contrario. Además del elemento “calidad de vida”, ser propietario de una vivienda supone poder mantener, también durante toda la existencia, de una satisfacción de las necesidades personales precisamente en los momentos que más limitaciones operativas se tiene durante el transcurso de la vida, y me refiero a los años de vejez, crisis profesional o incapacidad laboral. Quien llegado estos momentos dispone de una vivienda en pleno dominio, tiene garantizadas las necesidades asistenciales básicas, y así está ya previsto en la reciente normativa reguladora del derecho a la asistencia social de las personas dependientes; igualmente, ese “pleno dominio” que reivindicamos, tiene el valor paralelo de servir como distintivo de solvencia para quienes carecen de otros recursos. Pero por encima de todo, ser propietario de una primera vivienda, imprime en su tenedor un carácter de persona responsable, segura de sí misma, altamente motivada en su autoestima, factores todos ellos que contribuyen decisivamente a la satisfacción general de la ciudadanía, y si como en otras ocasiones hemos sostenido, la acción política ha de materializarse en resultados concretos y tangibles para el ciudadano, es de este modo, facilitando el acceso a la propiedad de la vivienda como de verdad se convierte en realista aquella definición de la política como “el arte de lo posible”.

El ciudadano que carece de vivienda en propiedad, no sólo es más pobre que los demás, sino que además, vive en una permanente espiral de empobrecimiento. Como todos sabemos, el índice de crecimiento de los salarios tiene como referente marco los índices interanuales de inflación; a su vez, aquellos salarios percibidos tienen por destino el pago de alquileres del lugar donde se reside. Pues bién, con un crecimiento salarial medio del cinco por ciento y un crecimiento en el valor de la vivienda de un 13 por 100, obtenemos como resultado de aritmética aplastante, que quien vive de alquiler se ve privado anualmente de un crecimiento patrimonial anual de aquel 13 por 100, cifra a la que habrá que sumarle la pérdida de renta sufrida por pago de alquileres, o lo que es igual, el no propietario, dispone de una renta anual que asciende a un 43 por 100 inferior al propietario, resultado de la suma de las plusvalías obtenidas por quien es propietario, más un 30 por 100 de media de gasto al que hay que destinar el porcentaje del salario dedicado al pago del alquiler.

La conclusión a la que llegamos es tan obvia, que nos parece ridícula, antisocial y contra natura, cualquier política dirigida al fomento de los alquileres, en detrimento del impulso a la compra. Pero hemos de recalcar, que desde nuestro partido político auspiciamos la adquisición de viviendas calificadas como de “renta libre”, pues es la única modalidad en la que el propietario puede ser beneficiario directo de las plusvalías generadas por aquella propiedad. La vivienda protegida ha experimentado en 2.005 un crecimiento de su valor del 5,5 por ciento, sólo dos puntos escasos por encima de la inflación, lo que significa que el précio pagado por la misma apenas si ha repercutido sobre su adquirente. En otros términos, el propietario de “renta libre” se distancia en términos de disponibilidad de riqueza a un ritmo anual del 7 por 100 con respecto al titular de vivienda protegida. Y no digamos de qué modo experimenta este avance con respecto a quien vive en régimen de alquiler. Es contrario a toda lógica política, patrocinar el empobrecimiento del ciudadano; eso no es hacer política social, sino todo lo contrario, es primar a unas capas sociales para otorgarles la condición de “privilegiadas”, al mismo ritmo que a otras se les niega o impide el goce de este mismo privilegio.

Cordialmente:

Mariano Orta.
Miembro de la Comisión Gestora del partido Político
ACCION POR LA JUSTICIA.
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