ACCION POR LA JUSTICIA
Partido Político
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DERECHO A LA VIVIENDA: Desde AxJ combatimos la precariedad familiar.
Huelva, 23 de enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y amigos:
Tal como venimos sosteniendo en nuestros últimos comentarios, el derecho a la posesión de una vivienda digna tiene para nosotros una proyección vivencial que va mucho más allá de la satisfacción de aquella necesidad de acogida que toda persona precisa para su normal supervivencia. La vivienda constituye el domicilio del ocupante, pero las posibilidades para que ese ocupante vea atendidas sus necesidades futuras, sólo es posible, sostenemos, si aquella vivienda se goza en régimen de pleno dominio. De contrario, como decíamos ayer, el empobrecimiento comparativo de la persona está asegurado por la propia dinámica del mercado.
Si desde nuestro partido político requerimos JUSTICIA, ésta ha de ser, antes que nada, satisfactoria de los intereses fundamentales de los grupos sociales más necesitados de protección pública, y recalcamos que en estos colectivos se encuentran todos aquellos hombres y mujeres que viven en determinados estados de permanente precariedad, ya sea por su escasa formación profesional, limitaciones intelectuales, razones vinculadas a la edad, estado civil o procedencia u origen étnico. De lo que hemos de ser conscientes, es de que el desarrollo armónico de la sociedad se consigue cuando todas las capas sociales tienen satisfechas sus necesidades elementales, y aquí, cuando hablamos de satisfacción, también queremos ir más allá de la prestación del consabido “salario social”, Renta Mínima de Inserción, al que tienen derecho de percepción todo ciudadano, por el hecho de serlo, aunque nunca haya cotizado a la Seguridad Social. Esta “Renta Mínima” no satisface más que una parte de las necesidades alimenticias, pero en absoluto es suficiente para proteger con dignidad a personas dependientes, y por tanto precisadas de la ayuda de terceros. Pero hay más, desde nuestro partido político AxJ, nos preocupa especialmente la prevención de estas situaciones, del tal grado de precariedad personal, familiar y social, que son incomprensibles que subsistan en un llamado Estado de Bienestar como se califica a nuestra forma de administrar y distribuir los recursos públicos.
La precariedad que aquí estamos refiriendo, es aquella que afecta a personas que por los avatares de su vida se ven precipitados a situaciones no deseadas de jubilaciones anticipadas, penurias debidas a la inestabilidad laboral permanente, acontecimientos inesperados en la vida de la persona que le abocan a padecer trances verdaderamente trágicos como pudieran ser el de aquellos padres que se ven obligados a abandonar sus domicilios tras la separación matrimonial, con el añadido desfavorable de precisar atender a sus descendientes, aun compartiendo vida y hogar con el ex-conyuge ocupante del domicilio conyugal. Estas situaciones, y otras muchas posibles, hemos de preveerlas, y por este motivo, desde A x J queremos hacer hincapié en la necesidad incuestionable de enriquecer al pobre, de proteger al débil y de asistir al necesitado. Pero estas premisas, sólo pueden ser satisfechas con medios materiales, que no siempre se alcanzan a disponer ni aún contando con la ayuda familiar.
Este reto asistencial, hay que afrontarlo desde mucho antes de que el problema surja, y esto que decimos no es nada nuevo. En la mente de todos está le necesidad de preveer coyunturas futuras que pudieran ser muy desfavorables; queremos decir, que no es nada nuevo impulsar acciones políticas que supongan enriquecer al ciudadano, dotarle de medios materiales, en cuantía suficiente para que su futuro se contemple desde la estabilidad de miras y no desde la precariedad de posibilidades. Para llegar a este objetivo, somos partidarios de incentivar el acceso a la propiedad de una vivienda, y esta prerrogativa se ha de enfocar como un derecho fundamental, que como antes aludimos, tiene un mayor alcance que el de mera necesidad de refugio donde superar determinadas inclemencias socio-familiares. Una vivienda es digna, y tal derecho se disfruta, cuando las plusvalías que genera el mercado inmobiliario repercute directamente sobre aquel propietario, y lo demás, no son más que atajos para eludir la precariedad, pero no son soluciones definitivas que se alcanzan merced a la disposición de recursos con los que afrontar problemas futuros.
Desde instancias oficiales, se recomienda provisionar el mañana con la suscripción de planes de pensiones y otras medidas de similar naturaleza, todas ellas sintonizadas con la percepción de rentas que mitiguen la debilidad del sistema público de pensiones. Obviamente, para suscribir aquellos planes, previamente, se nos ha infundido la duda razonable de si en el futuro, el sistema público, será capaz de soportar las exigencias que conllevan el envejecimiento de la población, y se nos alerta de la conveniencia de ahorrar para cuando el momento lo requiera. Pero esta recomendación, con ser válida y muy recomendable, tiene una doble lectura, consistente en que se nos oculta la posibilidad de atender aquellas necesidades futuras con una alternativa mejor, simplemente invirtiendo aquellos recursos parciales en un activo que el mercado nos ofrece como es la propiedad inmobiliaria.
Está clarísimo, no cabe duda alguna. La rentabilidad media acumulada de los planes de pensiones, es del 3,6 por 100, prácticamente un porcentaje equivalente a la pérdida ordinaria del poder adquisitivo del dinero, que en el año que termina fue del 3,7 por 100. Es decir, el dinero invertido en planes de pensiones, sólo se cambia, pero no se disfruta de una cualificada revalorización; el plan de pensiones es una hucha que conserva el valor de lo guardado, pero que no crece si no se le inyecta permanentemente nuevas aportaciones. Esta realidad, dista años luz de las ventajas que la inversión inmobiliaria tiene como medio para garantizarse una renta futura, pues su crecimiento valorativo espoleado por el mercado nunca desciende del 15 por 100 anual acumulativo. En “román paladino”, cuando después de treinta años pagando religiosamente las cuotas mensuales de un plan de pensiones, obtenemos una renta vitalicia de 1.000 euros mensuales, es muy probable que desembolsando aquellas mismas cantidades periódicas, pero cambiando de concepto, cuota de plan por cuota de crédito hipotecario, aquella renta se transforme en no menos de 5.000 euros mensuales, por la revalorización que experimenta el valor del inmueble adquirido en relación al crecimiento del ahorro ingresado como cuota mensual del plan de jubilación.
Así es, de este modo, como queremos combatir la precariedad personal y familiar a todos los niveles, ahora, mañana y siempre. La dependencia se satisface con recursos, y la mejor inversión accesible al ciudadano no experimentado en otros mercados de mayor dinamismo, es la inversión inmobiliaria. Por este motivo, incidimos que el derecho al disfrute de una vivienda digna tiene una extensa lectura, que hemos de difundir, hacerla ver y asimilar, para que quienes confíen en nuestro proyecto político puedan beneficiarse de ésta ilusionante alternativa política al concepto tradicional de asistencia social. Este es el desafío político de AxJ.
Llegado este punto, cabe preguntarse:
¿Y como accedemos, en condiciones ventajosas y factibles, a disponer de aquella vivienda digna, que nos permita vivir en un domicilio, conseguir una fuerte revalorización y asegurarnos una pensión futura suficiente, a su vez, para vivir dignamente en los momentos de especiales limitaciones físicas, profesionales, sociales o circunstanciales?. Este es nuestro reto político, aportar soluciones realistas a los problemas y reivindicaciones que vayamos planteando.
Cordialmente:
Mariano Orta.
Miembro de la Comisión Gestora del partido político
ACCION POR LA JUSTICIA.
