ACCION POR LA JUSTICIA
Partido Político.
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Confiamos en el movimiento cooperativo.
Huelva, 26 de Enero de 2.006
Compañeros de partido, simpatizantes y afines:
Las propuestas que conforman el cuerpo ideológico de nuestro partido, han de estar exentas de toda utopía, al objeto de ser consecuentes con el resultado tangible, de directa apreciación, que queremos conseguir mediante las acciones que emprendamos, según el momento y según las circunstancias.
La experiencia asociativa y nuestra innata inclinación por el compromiso social, nos lleva a concluir que desde el individualismo liberal es difícil que el desarrollo de una comunidad determinada llegue a las cimas de aquella otra que sustenta su progreso en base al sentimiento de la acción conjunta; esta última convicción, nos anima a imprimir en nuestro partido político ACCION POR LA JUSTICIA (AxJ) de un sentimiento favorable que pretenda alcanzar los objetivos marcados mediante el estrechamiento de lazos y compromisos que, debidamente coordinados, supondrán no sólo un equilibrio de la participación social en el disfrute del objetivo pretendido, sino la asunción de una forma de ser y estar en sociedad caracterizada por el espíritu solidario que fluye de las convicciones colectivas y de las acciones coparticipadas. Este es, a todas luces, el fin pretendido por el movimiento cooperativo, una filosofía de vida y un modo de obrar en colectividad, en base al cual cada uno aporta su cuota de esfuerzo para que, sumados todos, sea factible redistribuir los beneficios obtenidos en función a los méritos incorporados.
Vamos a potenciar el movimiento cooperativo e impulsaremos la utilización de la forma empresarial cooperativa como instrumento de vanguardia para el desarrollo integral de sus partícipes. Poco nuevo hay que aportar en este comentario acerca de las ventajas operativas que suponen, desde el punto de vista empresarial, la constitución de una cooperativa. En nuestro entorno más inmediato, tenemos a la vista empresas muy competitivas que operan en todos los sectores de la actividad económica, ya sea en la agricultura en la fase primaria de la producción, como en la secundaria de la comercialización; la distribución de productos de gran consumo es otra de las facetas típicas en las que encuentra acogida la forma empresarial cooperativa; igualmente, en el trabajo asociado, la prestación de servicios como el transporte, la reparación domiciliaria, educación, etc. La cooperativa, en cualquiera de sus variantes, goza de una serie de ventajas diferenciales con respecto a la empresa de distinta forma de propiedad, que le supone a su vez disfrutar de unas exenciones que repercuten en beneficio de sus miembros, y que actúan como incentivo para la constitución de de esta forma empresarial societaria. Desde el punto de vista fiscal, la legalidad le permite grandes ahorros en la liquidación del Impuesto de Sociedades, Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales, etc. Una cooperativa, además, tiene a su disposición una amplia gama de ventajas en la concesión de créditos para su funcionamiento, con especial incidencia en la reducción vía subvención de los tipos de interés aplicables; asimismo, al estar considerada como “empresa de trabajo social”, se presta su normal funcionamiento a especiales consideraciones en materia de Seguridad Social y previsión de riesgos familiares futuros.
Esta realidad jurídica en su formulación empresarial, interconectada con el sentimiento solidario que queremos dotar nuestras acciones políticas, nos permiten confirmar que la cooperativa como forma de hacer empresa es el más eficaz instrumento que podemos utilizar para que los beneficios obtenidos por aquella actividad empresarial, redunden exclusiva e íntegramente en beneficio de quienes aportaron su trabajo, su sabiduría y su capital.
Si trasladamos esta experiencia y adecuamos estos objetivos a la vocación que nos caracteriza por dotar a todo ciudadano del derecho fundamental a una vivienda digna, hemos de concluir que la forma empresarial cooperativa es la idílica para alcanzar las pretendidas virtudes de aquel principio constitucional: que las plusvalías generadas por el mercado inmobiliario, repercutan directamente en beneficio de la sociedad.
En nuestro programa político, una vez acordemos la adecuación de estos criterios inspiradores a la realidad social más inmediata, haremos amplia exposición y sostendremos con entusiasta énfasis, la oportunidad que supone para los estamentos sociales más desfavorecidos acogerse a la forma cooperativa, como instrumento para la solución de sus problemas cotidianos, entre los cuales la vivienda ocupan, como siempre dijimos, un lugar preponderante.
Exigiremos que los Planes de Ordenación Urbanística municipal acojan este método para la promoción de viviendas en propiedad como el más indicado para distribuir equitativamente los beneficios que tienen en el suelo su fuente de creación, y procuraremos a través de nuestra acción política que el cooperativismo, como sentimiento y movimiento, esté siempre presente en la conciencia y alternativa política de quienes teniendo la facultad de generar beneficios colectivos, sepan en todo momento que es ésta alternativa empresarial la que más vocación social le asiste y la que mejor concibe el ansiado objetivo de la atención al interés general.
La promoción de vivienda en forma cooperativa ha de ser, en todos los casos, una opción de disfrute para aquellas personas que necesiten acceder a una primera o única vivienda en propiedad, utilizada ésta como domicilio habitual y permanente, y bajo estos parámetros, reivindicaremos que las reservas municipales de suelo para vivienda protegida que todo Plan de Ordenación Urbana le corresponde apropiarse (10 por 100 del suelo aprovechable una vez urbanizado), se destinen a la promoción de esta modalidad promotora de vivienda. Y asimismo, y en consecuencia con los principios que venimos defendiendo, entendemos que la vivienda adquirida en forma cooperativa, en la que al faltar el componente especulativo queda exenta del beneficio empresarial del promotor, se acoja al estatuto propietario de la vivienda libre, de tal modo que al adquirente no se le impida el disfrute de las revalorizaciones normales que vayan generando la evolución del mercado inmobiliario en aquella zona donde se ha de ubicar.
Porque las plusvalías del sector inmobiliario deben repercutir en beneficio de la colectividad que lo circunda y ocupa, es por lo que elevaremos a la categoría de principio rector de nuestro programa de vivienda la forma cooperativa como la más indicada para beneficiar directamente a los estamentos sociales que más limitaciones padecen para acceder al mercado de la vivienda libre: jóvenes, parados de larga duración, familias monoparentales con hijos a su cargo, familias numerosas, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años, disminuidos físicos, etc. Etc.
Cordialmente:
Mariano Orta.
Miembro de la Comisión Promotora del Partido Político ACCION POR LA JUSTICIA.
